Los expertos coinciden en que el modelo constitucional da síntomas de agotamiento. Tres de los máximos expertos en Derecho Administrativo fueron convocados por Impulso Ciudadano y la Fundación Transición Española el viernes, 28 de junio, en el centro cívico Fort Pienc para valorar el estado actual en el que se encuentra la Constitución española en una mesa redonda con el título “¿Necesita España un cambio en su estructura territorial?”. Los profesores Tomás-Ramón Fernández Rodríguez, Santiago Muñoz Machado y Joaquín Tornos Mas fueron presentados por José Luís de Zavala Richi, Presidente de la Fundación Transición Española, quien reseñó sucintamente su currículo destacando de los catedráticos de la Universidad Complutense de Madrid, Tomás Ramón Fernández y Muñoz Machado, que fueron miembros de la Comisión de expertos sobre autonomías que en el año 1981 elaboró el Informe sobre el estado de las autonomías, y del catedrático de la Universidad de Barcelona, Joaquín Tornos, su condición de expresidente del Consejo Consultivo de la Generalitat de Cataluña. Los tres ponentes coincidieron en que la Constitución de 1978 presenta un balance positivo en términos generales, pero comienza a dar señales de agotamiento, sobre todo, en el modelo territorial. Para Tomás Ramón Fernández la reforma es imprescindible y Muñoz Machado calificó el problema como “descomunal” porque “a los españoles les gusta más el poder constituyente que reformar constituciones”. En esta línea, profundizó Joaquín Tornos que no advierte en los principales actores (los partidos políticos nacionales) una voluntad de llevar a cabo la reforma constitucional por lo que se mostró partidario de crear estados de opinión a favor de la misma. Recordaron los catedráticos que con la regulación del Título VIII se pretendió dar satisfacción a las denominadas “autonomías históricas”. A la vista del resultado, no se ha conseguido el objetivo y buena prueba de ello es que, actualmente, las que reclaman un cambio más radical del modelo, planteando alternativas secesionistas, son Cataluña y País Vasco. En cambio, las élites locales del resto de las Comunidades autónomas están cómodas con el actual modelo dado que han acumulado un poder que no habían imaginado. Según ellos, el origen del problema se debe a la naturaleza abierta del modelo constitucional (principio dispositivo) en el que la ausencia de reglas precisas ha permitido una estructura confusa e ineficiente en el que el universo de normas jurídicas dictadas por las asambleas legislativas autonómicas convierten el marco normativo en inmanejable. Entonó el
Impulso Ciudadano y Aula de Cultura de El Correo han orgnizado una tertulia en torno al nuevo libro del prestigioso historiador y escritor Fernando García de Cortázar Y cuando digo España. Todo lo que hay que saber. La tertulia ha sido moderada por nuestro presidente, José Domingo y resulta accesible desde este link: https://www.elcorreo.com/culturas/aula-de-cultura/vuelve-charla-historiador-fernando-6209467431001-20201112205226-vi.html (más…)
Entrevista a José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano, publicada el 07/01/17 en el diario "La Razón": –¿Se puede emprender alguna acción legal por la retransmisión en TV3 de la cabalgata de Vic por proselitismo independentista entre los niños? –Lo más preocupante de la retransmisión de la cabalgata es la connivencia directa o indirecta que ha mantenido TV3 con las entidades separatistas. (más…)
Excmo. Sr. Ángel Gabilondo Pujol Ministro de Educación C/ Alcalá, 34 28071, Madrid Señor, En relación a la entrevista publicada el lunes 22 de marzo de 2010 en el diario El Mundo en la que afirma que espera “que en España no se le persiga a nadie por rotular de una u otra manera”, desde la asociación Impulso Ciudadano queremos trasladarle la desazón y tristeza que a muchos catalanes les produce comprobar el grado de desconocimiento de la realidad catalana por parte de un miembro del Gobierno que se podría colegir de sus palabras. Como no podemos pensar que dicha afirmación sea consecuencia del desinterés o de la voluntad manifiesta de mirar hacia otro lado en relación al tema de las sanciones a empresarios catalanes por motivos lingüísticos, desde Impulso Ciudadano ponemos a disposición del Sr. Ministro una serie de informaciones que podrán serle de utilidad en futuras opiniones en relación a esta cuestión. Desde hace doce años, la Disposición adicional quinta de la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística, prevé la aplicación del régimen sancionador establecido en la Ley 1/1990, de 8 de enero, sobre la disciplina del mercado y defensa de los consumidores, a todas aquellas empresas y entidades que incumplan los artículos referidos a la obligatoriedad de que toda la señalización y los carteles de información general de carácter fijo y los documentos de oferta de servicios para las personas usuarias y consumidores de los establecimientos abiertos al público estén redactados, al menos, en catalán. La aprobación de dicha disposición legal ha supuesto, desde entonces, que todas las rotulaciones redactadas sólo en castellano pasen a ser consideradas ilegales, mientras que las redactadas exclusivamente en catalán son consideradas conformes a la ley. Ante este tsunami de ilegalidad sobrevenida, la Administración catalana ha optado durante estos años por dos vías. En una primera fase, desde la aprobación de la Ley 1/1998 hasta el último gobierno de CiU (1998-2003), se subvencionó a aquellas empresas que cambiaban su rotulación del castellano al catalán, quedando excluidos los empresarios que optaban por una rotulación bilingüe, en principio, perfectamente legal. En una segunda etapa, desde la llegada al poder del primer gobierno tripartito hasta el presente (2003-2010), se ha optado por la vía coercitiva, la apertura de expedientes y la sanción a todos aquellos establecimientos que no rotulen en catalán (al menos). Así, en el año 2003 se impusieron dos multas
La plataforma Escuela de Todos/Escola de Tothom, de la que forma parte Impulso Ciudadano, ha emitido un comunicado en el que denuncia las presiones del Gobierno catalán a los docentes para que no acaten la sentencia que pone fin a la inmersión y también las presiones a las personas y entidades que reclaman la ejecución de esa sentencia. El comunicado incide en la vulneración de derechos que implica la aprobación de comunicados políticos contrarios a la ley por parte de claustros y consejos escolares de los que, además, forman parte menores. (más…)
