Por Àngel de la Fuente No es cierto que se vayan a suprimir las balanzas fiscales; lo que se hace es ampliarlas. Pero algunos nacionalistas catalanes tienen el problema de que los datos desmontan sus artículos de fe evangelizadora Confieso que últimamente voy de la extrañeza a la perplejidad y de esta a la incredulidad, pasando en ocasiones por la indignación. Viene esta quejosa reflexión a cuenta de la reacción de la prensa y de algunos de mis colegas de profesión a la presentación de una propuesta metodológica para la elaboración de lo que suele conocerse como balanzas fiscales, que he preparado para el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, junto con los profesores Ramón Barberán y Ezequiel Uriel. Tal propuesta ha generado ríos de tinta de más bien dudosa calidad informativa y una multitud de ataques desde todos los flancos que, a menudo, han sido tan furibundos como desinformados. Déjenme empezar resumiendo lo que llevo algo más de una semana repitiendo a quien me quiera oír, al parecer sin mucho éxito. Primero, las balanzas fiscales no se suprimen, se amplían. Si el ministerio acepta nuestra propuesta, se pondrá encima de la mesa de una forma organizada toda la información desagregada por programas de ingreso y gasto que hay detrás de una balanza fiscal, lo que permitirá a la opinión pública hacerse una idea clara de dónde provienen esas misteriosas cifras que algunos de nuestros amados líderes utilizan para azuzarnos los unos contra los otros. Esto es importante porque los saldos fiscales regionales son el resultado neto de muchas cosas, algunas de las cuales son preocupantes y otras no. Conviene, por tanto, afinar el diagnóstico antes de sacar el bazooka. Segundo, lo que ciertamente no haremos son estimaciones por el método de flujo monetario. A nuestro entender, tal método es una chapuza que solo sirve para hinchar artificialmente el déficit fiscal de ciertas comunidades ricas a base de no tener en cuenta lo que vuelve a las mismas en servicios (como la defensa) y no necesariamente en efectivo. Si la Generalitat quiere hacerlo, adelante, el Gobierno ya ha hecho públicos todos los datos de base necesarios para ello. Pero que se retraten ellos, porque a nosotros nos da cosa hacer según qué con los datos, y además nos negamos a ponerle un sello de respetabilidad académica a una práctica más que discutible. El método llamado de flujo monetario solo sirve para
La realidad social catalana se muestra a diario en las relaciones cotidianas entre sus ciudadanos, que se expresan indistintamente y sin problemas en catalán o en castellano. El mejor instrumento para preservar, garantizar y potenciar la convivencia lingüística es asegurar el derecho de los ciudadanos a usar las lenguas oficiales sin traba alguna. Sin embargo, durante las últimas décadas, las instituciones públicas catalanas han construido un entramado de impedimentos y condicionantes en la administración y en el sistema educativo destinado a dificultar o excluir el uso del castellano. Las entidades y ciudadanos que suscriben el presente manifiesto quieren a Cataluña, tal cual, bilingüe. Por ello, reclaman que las instituciones catalanas reflejen esta realidad y guíen su actuación conforme a los siguientes principios de interés general: 1.- LEGALIDAD: Las Instituciones Públicas y el sistema educativo, han de adaptar su régimen lingüístico a la Constitución, al Estatuto y a las sentencias firmes de los tribunales. 2.- IGUALDAD: Las Instituciones no pueden discriminar a los ciudadanos por razón de lengua, por tanto no deben dar un tratamiento preferente a ninguna de las lenguas oficiales en Cataluña. La cooficialidad lingüística tiene que basarse en un uso equilibrado del catalán y del castellano en las relaciones con los ciudadanos. Todos los ciudadanos deben encontrarse en igualdad de condiciones ante la Administración. 3.- LIBERTAD: Las Administraciones Públicas deben respetar la voluntad de los ciudadanos en los usos lingüísticos y no interferir en los mismos. 4.- NEUTRALIDAD: Las Instituciones no pueden utilizar la lengua como un instrumento al servicio de un determinado proyecto político de construcción nacional. 5.- EFICACIA: El bilingüismo institucional potencia el valor de nuestras lenguas oficiales al considerarlas elementos fundamentales de nuestro patrimonio cultural y de nuestra identidad común. 6.- COHESIÓN SOCIAL: Una Cataluña bilingüe es la mejor garantía para evitar la fractura social. La cohesión se asienta en la aceptación de la realidad plural catalana, no en la uniformidad ni en la imposición. El bilingüismo institucional fomenta en todos los ciudadanos el sentimiento de pertenencia a la misma comunidad política. Por todo lo expuesto, llamamos a las instituciones a respetar estos principios y a la sociedad catalana a defenderlos y a sumarse al presente manifiesto. Barcelona,28 de septiembre de 2012
Desde Impulso Ciudadano nos unimos a la celebración del día de la hispanidad organizada por Societat Civil Catalana (SCC) este próximo miércoles 12/10/16 y les invitamos a acompañarnos como afiliados y simpatizantes de nuestra asociación. (más…)
El Pacto Fiscal para Cataluña se ha convertido en el nuevo icono del nacionalismo catalán. La sanidad, la enseñanza y la dignidad de Cataluña, según sus defensores, dependen de su aprobación. Sin ir más lejos, el Presidente de la Generalitat, Artur Mas, al tiempo que anticipaba una política de ajuste duro, advertía a “España” que no debía rechazar el pacto fiscal para no empeorar más la situación. El Parlamento de Cataluña puso en marcha la Comisión de estudio de un nuevo modelo de financiación basado en el concierto económico que, recientemente, ha aprobado sus conclusiones favorables al concierto con los votos de CiU y ERC. Esta Comisión, ha escuchado a diversos especialistas- entre ellos, al economista ÁNGEL DE LA FUENTE-. Nuestro buen amigo -miembro del Instituto de Análisis Económico (CSIC)- compareció el pasado 7 de octubre y puso de manifiesto que el concierto de Cataluña es inviable constitucional y políticamente. Mejor leer sus palabras: “El objetivo de la presente comisión es el de analizar la viabilidad y las posibles ventajas e inconvenientes de la instauración de un sistema de financiación específico para Cataluña que estaría inspirado en el modelo foral de concierto o convenio que se aplica en el País Vasco y Navarra. Déjenme anticiparles la opinión que me han pedido sobre el tema, para intentar después justificarla a lo largo de mi intervención. A mi entender, la propuesta de establecer un sistema de estas características es inviable constitucional y políticamente, desaconsejable en términos de racionalidad económica y administrativa y sólo serviría para excitar sentimientos de agravio dentro de Cataluña y de rechazo fuera de ella, alimentando así un sentimiento de confrontación que, aunque podría ser beneficioso electoralmente para algunos partidos con representación en esta cámara, no sirve a los intereses de ninguna de las partes. Mi intervención se dividirá en dos partes. En primer lugar haré algunas consideraciones sobre el funcionamiento del sistema de concierto y los problemas que éste plantea tanto en principio como por la forma en la que se ha aplicado en la práctica. Después volveré al tema de interés directo para esta comisión: ¿sería factible, y aconsejable, extender el modelo a Cataluña?….” La respuesta en el documento anexo. Es altamente ilustrativo.
Impulso Ciudadano pide una reforma de la Constitución Española para hacer de España un Estado más eficaz y denuncia la deslealtad institucional del Presidente de la Generalitat, Artur Mas. Con motivo de la celebración del 6 de diciembre, Día de la Constitución, del 2011, Impulso Ciudadano presenta a los ciudadanos el Manifiesto “Reformar para reforzar: un nuevo ciclo para la España constitucional”. En dicho Manifiesto, Impulso Ciudadano celebra el aniversario de nuestra Carta Magna, recordando sus valores y considerándola un modelo de éxito que ha permitido a España triunfar y superar su propia historia en momentos de complejidad y dificultad extrema. La Constitución Española ha permitido consolidar nuestra democracia y hacer de nuestra nación un país homologable a las democracias de nuestro entorno. No obstante, para Impulso Ciudadano, la crisis social y económica que atraviesa España hacen necesaria la apertura de un nuevo ciclo constituyente en el que se corrijan aquellos aspectos de la Carta Magna que han demostrado no ser funcionales y se de respuesta a los retos que amenazan la estabilidad de nuestro sistema democrático: La deslealtad institucional y las apelaciones a la insumisión a la Constitución, especialmente en el ámbito de las instituciones de Cataluña, que se han convertido en instrumentos de actuación ordinarios como lo corroboran las declaraciones del propio Presidente de la Generalitat, Artur Mas, que da por acabada, en nombre de Cataluña, la adhesión de nuestra Comunidad a la Constitución; La deriva del Estado Autonómico, que pone en riego la igualdad entre españoles y la propia sostenibilidad del Estado del Bienestar; La presión nacionalista, que lastima los derechos de los ciudadanos en las Comunidades Autónomas donde su presencia resulta más asfixiante; La calidad democrática de nuestro sistema, precaria y claramente insuficiente. Por todo ello, Impulso Ciudadano reclama una reforma constitucional que garantice: Un Estado eficaz en su estructura y decisivo en su acción que sea capaz de preservar y proteger los derechos y las libertades cívicas, lingüísticas, políticas y sociales en cualquier parte del territorio nacional; Un nuevo ciclo en el que los derechos y libertades de la ciudadanía se sitúen en el centro de la España constitucional; Una democracia plural y avanzada, en la que los ciudadanos puedan participar de manera activa en la conformación de la voluntad general. La democracia constitucional española precisa de modernización y profundización en un contexto de grandes cambios en España, en Europa y en el resto del
Impulso Ciudadano propone al ministro de Justicia la reforma del Código Penal para sancionar con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público a las autoridades y funcionarios públicos que se nieguen a cumplir la Ley de banderas. Recientemente, Impulso Ciudadano denunció ante el consejero de Interior de la Generalitat que en la fachada de algunas comisarías y en los parques de bomberos de Cataluña no ondeaba ninguna bandera incumpliendo la vigente Ley de Banderas, que obliga a las autoridades, también a las autonómicas, a que en los edificios oficiales ondee la bandera de España, y el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que dispone igual mandato para la bandera de Cataluña. La denuncia surtió efecto en la Comisaria de la Policía de la Generalitat-Mossos d’esquadra de Cornellá en donde ahora se exhiben en su fachada la bandera nacional y la autonómica. Lamentablemente, la ausencia de la bandera de España es habitual en muchas dependencias autonómicas y locales de Cataluña, por lo que Impulso Ciudadano ha remitido al Ministro de Justicia una carta solicitando que en la próxima reforma del Código Penal se introduzca un nuevo tipo que condene con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público a aquellas autoridades o funcionarios públicos que se nieguen a dar cumplimiento a la normativa sobre banderas. A juicio de nuestra asociación, esta reforma introduciría un deseable grado de normalidad en las instituciones públicas y tendría un eficaz grado preventivo, evitando conductas que tienen como fin desdeñar la simbología nacional.
