por ANA MAR FERNÁNDEZ – Sorprende constatar, día tras día, la ligereza con la que políticos como Artur Mas claman y proclaman la vocación naturalmente europea de lo que sería un Estado catalán independiente del resto de España desplegando, para ello, una retórica de corte esencialmente anti europea. Asombra un discurso construido en negativo, articulado en torno a unos argumentos fundamentalmente contrarios al espíritu, los valores y el derecho de la UE. “¿Cataluña, próximo Estado de Europa?”. A la vista del desconocimiento que delata una afirmación tan grandilocuente, cabe recordar al presidente de la Generalitat algunos de los principios básicos que regulan la Unión Europea. Principios constitucionales y funcionales que obligan a todos sus miembros por cuanto la legalidad jurídica no es una mera noción abstracta que se puede obviar en función de la oportunidad política del momento. El primero de ellos es el propio concepto de unión. Tal y como estipula el Preámbulo del Tratado de la Unión Europea (TUE), esta organización política encuentra su origen en la voluntad de “acercar los pueblos de Europa en una unión cada vez más estrecha” con el doble objetivo de mantener la paz en el continente europeo y lograr su prosperidad económica. Es decir, Europa como entidad política debe su nacimiento a un principio normativo meridianamente claro: es la preferencia de la unión frente a la fragmentación, la cohesión frente a la desagregación o, si se prefiere, las fuerzas centrípetas (que no centralizadoras) frente a las centrífugas lo que constituye la verdadera garantía de estabilidad política y de crecimiento económico. La actual parálisis de la arquitectura comunitaria, bloqueada por la proliferación de los egoísmos nacionales es una buena prueba de ello. El segundo principio es la idea de integración. Para unir los pueblos de Europa, la fórmula europea consiste en integrar las competencias soberanas y exclusivas de los Estados miembros. En otras palabras, en términos funcionales la construcción europea se basa en un principio básico: la renuncia progresiva, y en grados diversos, de parcelas de poder previamente en manos de los Estados (ya sea a través del gobierno nacional o de los gobiernos regionales, donde existan) y su cesión a un nivel político de carácter supraestatal. Desde la política de la competencia hasta la política monetaria pasando por la política agrícola o medioambiental, el modo de funcionamiento de la UE pasa por la inclusión en conjuntos más amplios y no por el
Mentir es decir lo contrario de lo que se sabe. La Consejera de Enseñanza, Irene Rigau, convocó urgentemente a los medios de comunicación para valorar una sentencia del Tribunal Supremo sobre los efectos de la cooficialidad lingüística en la escuela catalana. En la rueda de prensa mintió cuando declaró que el Tribunal Supremo había avalado "la interpretación" de la Generalitat sobre los derechos lingüísticos y el modelo escolar catalán. La convergente pretendía manipular a los periodistas y, a través de ellos, a la población en general, haciéndoles creer que el modelo de inmersión lingüística obligatoria es considerado legal por el Tribunal Supremo. Tuvo éxito. La letanía de la Consejera, “La inmersión ha sido avalada”, la han repetido machaconamente la mayoría de las radios y televisiones catalanas, así como la prensa escrita (El Periódico, El País, El Punt Avui, Ara…). Merece una cita especial el tratamiento de La Vanguardia. Josep Playà es un periodista experto en temas de educación que está acostumbrado a trabajar con textos jurídicos y educativos. Es de suponer que habrá leído la sentencia en cuestión y, a pesar de ello, tuvo la desvergüenza de titular la noticia así: “Un fallo pro inmersión”, y adornarla con la siguiente entradilla: “El Supremo avala la atención individualizada a los alumnos y considera que no es necesario cambiar el modelo lingüístico de enseñanza”. Es mentira. Digo que es mentira porque el Tribunal Supremo no ha justificado la inmersión, por el contrario, la ha criticado. Tampoco es verdad que sea legal enseñar a los niños mediante el método de la atención individualizada. Acudamos al texto de la sentencia del Tribunal Supremo de 9 diciembre de 2010 que es el objeto de interpretación de la reciente sentencia de 19 de febrero de 2013. Reconoce el derecho de un padre que demandó a la Generalitat para lograr que la educación de sus dos hijos se hiciera con un reparto proporcional y equitativo de las materias en castellano y catalán. La administración sólo ofrecía clases en catalán. Los jueces corrigieron al Departamento y declararon que: “el castellano debía utilizarse como lengua vehicular en el sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Cataluña en la proporción que proceda dado el estado de normalización lingüística alcanzado por la sociedad catalana”. Acto seguido, la sentencia advertía que la Generalidad debería adoptar “cuantas medidas sean precisas para adaptar su sistema de enseñanza a la nueva situación creada por la
Los presidentes de la Asociación por la Tolerancia e Impulso Ciudadano, Eduardo López-Dóriga y José Domingo, han dirigido en el día de hoy la carta que se acompaña al Rey de España solicitando que conmine a los representantes del Gobierno de Cataluña y del Gobierno de la Nación para que cumplan y acaten la Constitución, las leyes en general y las sentencias de los más altos Tribunales españoles. La petición se fundamenta en el papel de árbitro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones que le reconoce al Rey el artículo 56 de la Constitución española, y tiene su razón de ser en que los máximos representantes del gobierno catalán han hecho ostentación pública de desacato por omisión y por acción, de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña y de las recientes sentencias del Tribunal Supremo, que mandaban a la Generalidad de Cataluña a introducir el castellano como lengua vehicular en todos los niveles educativos, en proporción equitativa con el catalán. A juicio de las asociaciones esta actitud está contribuyendo a crear un clima de inseguridad jurídica e insurrección de alcance aún desconocido que puede poner en peligro la estabilidad del sistema constitucional español. En el curso de la misiva, se denuncian las manifestaciones formuladas por el Presidente de la Generalitat, Artur Mas, con motivo de la reciente audiencia que le concedió al Rey. Para las asociaciones firmantes, la realidad es muy distinta a la descrita por el más alto representante del Estado en Cataluña ya que en la práctica, son los Gobiernos autonómicos y municipales quienes practican una sistemática discriminación hacia quienes se identifican con el idioma español. En la misiva se relacionan algunos hechos que confirman la situación discriminatoria como el empleo del idioma catalán con carácter exclusivo por parte de las administraciones autonómica; la aplicación del modelo de inmersión lingüística obligatoria en catalán; la implantación de un modelo coactivo de las relaciones de consumo que imponen fuertes sanciones a quienes rotulen sólo en español, pero no así a quienes rotulan sólo en catalán; y la consolidación de una política de subvenciones dirigida casi exclusivamente al fomento de la lengua catalana, marginando la utilización del idioma español. Asimismo, las asociaciones han solicitado una audiencia real para exponerle la preocupación que sienten ante la actual situación política en Cataluña y la reiterada vulneración de los derechos lingüísticos de los castellanohablantes
por JOSÉ DOMINGO --- Se ha lucido el alcalde de Vic. A Josep Maria Vila d’Abadal no le basta con poner las condiciones para que los inmigrantes cumplan con sus obligaciones cívicas, él tiene intención de forzarles hasta que sientan Vic y Cataluña. No ha explicitado el sistema que empleará para lograr que los tibios o los recalcitrantes... Leer más...
