La concentración convocada por Impulso Ciudadano exigiendo el cumplimiento integro de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña en lo que concierne a la política lingüística de la Generalitat se celebro ayer, miércoles 8 de septiembre, con más de doscientos asistentes y con la adhesión de las asociaciones Asociación por la Tolerancia, Ágora socialista, Movimiento Democrático, Ciudadanos en Blanco, Res Pública, Ciudadanos para la Libertad y Foro España Unida, y los partidos políticos Partido Popular de Cataluña, Unión Progreso y Democracia y Ciudadanos. En el acto intervinieron Carlos Silva, vicepresidente de la asociación, que procedió a la lectura del documento presentado por Impulso Ciudadano en el registro de la Secretaría General de Política Lingüística, tras lo cual se dio paso a los testimonios de afectados por dicha política con las intervenciones de los pequeños comerciantes Xurde Rocamundi, Feliciana Piris y Modesta García, multados por la Generalita por no rotular sus comercios en catalán, y Margaret Manzano, madre que denunció la imposibilidad de optar por la lengua castellana como lengua vehicular en el sistema eductavo catalán. Tras estos testimonios intervinieron los representantes de dos de las asociaciones adheridas al acto en representación del movimiento cívico, Pepe Castellano, en nombre de Ágora Socialista y Marita Rodríguez, en representación de la Asociación por la Tolerancia. El acto concluyó con la intervención del Presidente de Impulso Ciudadano, el diputado del Parlamento catalán, José Domingo. Durante el acto se denunció que la sentencia del Tribunal Constitucional anula una serie de conceptos centrales de la política lingüística de los sucesivos gobiernos catalanes en los últimos treinta años. En el escrito leido en el acto y en la intervención de José Domingo, se subrayó que los aspectos afectados por la sentencia obligan a una revisión radical de las políticas y de la legislación vigente en este ámbito y se denunció que el camino elegido por el Gobierno de la Genealitat haya sido descalificar y restar legitimidad al Tribunal y, segundo, promover la insumisión de la Administración autonómica catalana, ya sea mediante declaraciones públicas incendiarias o por la vía de los hechos consumados, la negativa a modificar las leyes ya aprobadas que se han visto afectadas, y la aprobación apresurada de toda una serie de leyes inconstitucionales a la vista de la sentencia, negociando con el Gobierno de España la forma de soslayar otros aspectos sustanciales de dicha sentencia mediante una serie de reformas legales
La asociación IMPULSO CIUDADANO ha presentado tres escritos dirigidos al Presidente de la Generalitat, a la Consejera de Enseñanza y al Consejero de Cultura, que se adjuntan, concretando las medidas que el Gobierno de la Generalitat debe aprobar para dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal Supremo en las que se instaba a “adoptar cuantas medidas sean precisas para adaptar su sistema de enseñanza a la nueva situación creada por la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional” y para garantizar “que el castellano se utilice también como lengua vehicular en el sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Cataluña". A juicio de IMPULSO CIUDADANO, un modelo de conjunción lingüística con una presencia equilibrada del catalán y del castellano, exige modificar el régimen actual que impone el idioma catalán como la única lengua vehicular obligatoria. A esos efectos, ha propuesto al Gobierno: 1. Aprobar las normas necesarias para garantizar que las lenguas vehiculares de enseñanza y de la Administración educativa y de relación entre los padres, alumnos y centros sean el catalán y el castellano; 2. Prever que la normativa de preinscripción del próximo curso escolar 2011-2012 incluya la información necesaria de los centros educativos para que los padres y los tutores de los alumnos tengan conocimiento de la aplicación en los mismos del nuevo modelo educativo catalán que se base en la consideración del catalán y del castellano como lenguas vehiculares; 3. Facilitar formularios de preinscripción adecuados que permitan a los padres y tutores expresar su decisión sobre la lengua de escolarización de los alumnos; 4. Modificar los conciertos suscritos por la Administración educativa catalana con los centros privados para que incorporen una cláusula que establezca que tanto el catalán como el castellano han de ser lenguas vehiculares; 5. Modificar el Decreto de Dirección de Centros educativos para asegurar que los directores de centros públicos velen por que el catalán y el castellano sean las lenguas vehiculares de enseñanza y de la administración. A esos efectos, IMPULSO CIUDADANO ha solicitado una audiencia al Presidente de la Generalitat, a la Consejera de Enseñanza y al de Cultura al objeto de poder exponer y desarrollar los puntos anteriormente expuestos, y escuchar su valoración y su juicio sobre estas cuestiones en el curso de una entrevista. IMPULSO CIUDADANO considera que la interpretación que ha hecho el Gobierno de las sentencias no se ajusta a derecho porque no cabe ignorar o alterar, desvirtuando su fallo
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La Generalidad de Cataluña ha otorgado ayudas por más de 7,6 millones de euros a Òmnium Cultural entre los años 2004 y 2008. La entidad nacionalista ha recibido cerca de 80 subvenciones procedentes principalmente de las consejerías controladas por el PSC y ERC. Además, en noviembre de 2007, el vicepresidente autonómico, Josep-Lluís Carod-Rovira, firmó un convenio con Òmnium por el que la Generalidad le otorgaba una subvención de 2,71 millones de euros a repartir hasta 2010. Según ha denunciado el diputado del Grupo Mixto en el Parlamento autonómico de Cataluña, José Domingo, los departamentos que más generosamente han tratado a Òmnium han sido Presidencia, Vicepresidencia, Cultura, Gobernación, Acción Social, Educación y Trabajo, “entidades que realizan prácticas contrarias a la constitución”. Y es que, como dice Domingo, “la desigualdad que vivimos demuestra como las administraciones están regando de manera generosa a determinadas asociaciones y también a financiar partidos”. Òmnium Cultural, fundada en 1961 por el padre de Fèlix Millet, ha destacado por sus acciones a favor de las multas lingüísticas a los comercios que rotulan únicamente en castellano, por sus actos contra el Tribunal Constitucional, por sus campañas para ‘internacionalizar el hecho nacional catalán’, o incluso por una campaña para anexionar el Rosellón francés a Cataluña. Su presidente Jordi Porta había animado en repetidas ocasiones a que la ciudadanía emprenda acciones de desobedicencia civil en el caso de que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto no satisficiese sus expectativas. La respuesta del tripartito fue declarar a Òmnium Cultural como entidad de 'utilidad pública'. José Domingo ha dejado claro en La Tarde con Cristina que “el pensamiento nacionalista está en la base de Òmnium Cultural, es la élite del nacionalismo más duro”. Noticia publicada en la COPE
