Queman la bandera de España de la fachada del Ayuntamiento de San Pol
Impulso Ciudadano ha presentado en el día de hoy un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra el Decreto 155/2010, de 2 de Noviembre, de la dirección de los centros educativos públicos y del personal directivo profesional docente (DOGC núm. 5753 - 11/11/2010). Asimismo, ha solicitado la adopción de la medida cautelar consistente en la suspensión de la vigencia del art. 6.d) del mismo que dispone lo siguiente: “Funciones de dirección pedagógica y liderazgo. La dirección dirige y lidera el centro desde el punto de vista pedagógico. A este respecto, le corresponden específicamente las funciones siguientes: … d) Garantizar que el catalán sea la lengua vehicular de la educación, administrativa y de comunicación utilizada normalmente en las actividades del centro, en los términos que establece el título II de la Ley 12/2009, tal como se concreten en el proyecto lingüístico que forma parte del proyecto educativo del centro”. Esta Asociación considera que la norma se ajustaría a derecho si expresase que los Directores de los centros educativos públicos deben garantizar que tanto el castellano como el catalán sean las lenguas vehiculares de la educación, administrativas y de comunicación utilizadas. Las razones que fundamentan el recurso se sostienen en que la reciente sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de junio de 2010 sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, ha dejado claro que el catalán no puede ser la (única) lengua vehicular de la educación, administrativa y de comunicación, sino que ha de compartir dicha condición en pie de igualdad con el castellano. Buena prueba de ello es que la citada sentencia repite en once ocasiones que el castellano ha de ser lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña y en cuatro ocasiones que ha de disponer de un régimen igual que el del catalán. Por lo tanto, esa igualdad en la condición de lenguas vehiculares de las lenguas oficiales, es el principio general y si bien es cierto que se admiten modulaciones de dicho principio, éstas han de ser finalistas y proporcionadas y por consiguiente excepcionales y transitorias. Es así que para aplicar medidas de discriminación positiva hay que acreditar que una de las dos lenguas se halla en una situación de precariedad, es decir, que no esté garantizado su conocimiento o su uso. La propia STC señala que se trata de medidas tendentes a corregir situaciones de desequilibrio, pero sólo en el caso
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La llegada del Partido Popular al Gobierno de España en las pasadas Elecciones Generales con una rotunda, histórica mayoría absoluta, hizo vislumbrar a aquellas personas y asociaciones que durante años, décadas han luchado por el derecho a ser escolarizado en castellano en Cataluña, una exigua luz al final del túnel. (más…)
