IMPULSO CIUDADANO expresa su posición ante el contenido del auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña relativo a la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el régimen lingüístico del sistema educativo catalán. 1.- En primer lugar, rechaza por inexacta la interpretación que ha hecho el Gobierno de Cataluña de la resolución judicial. Es completamente falso que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña haya avalado la inmersión lingüística obligatoria en catalán. El Tribunal no se pronuncia sobre ello. Es más, la única defensa de las posiciones de la Generalitat se contiene en el voto particular de la sentencia, es decir de 24 magistrados solamente una ha defendido que el catalán sea la única lengua vehicular de enseñanza en el sistema educativo catalán. 2.- El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña declara expresamente que la Generalitat no ha ejecutado debidamente el fallo de la sentencia del Tribunal Supremo que, se ha de recordar, obligaba a la Administración educativa catalana a adoptar las medidas necesarias para hacer del castellano también lengua vehicular. 3.- Impulso Ciudadano lamenta que la resolución procesal del asunto se demore a una nueva resolución del Tribunal Supremo, dado que son muchos los alumnos catalanes afectados por un sistema que impide hacer del castellano y catalán las lenguas vehiculares de forma equilibrada y racional en una sociedad bilingüe. En todo caso, se ha de entender de la lectura del auto que en aquellos centros educativos en los que cursen las alumnos afectados por la sentencia se ha de reintroducir el castellano como lengua vehicular junto con el catalán. 4.- Impulso Ciudadano rechaza la manipulación de la opinión pública llevada a cabo por las autoridades catalanas y advierte que, en modo alguno, puede darse por finalizado el conflicto en la escuela catalana mientras se sigan conculcando los derechos de miles de padres y alumnos que defienden la educación bilingüe en Cataluña. En este sentido, se ha de recordar que ya existen abiertos nuevos procesos judiciales que denuncian la inconstitucionalidad del sistema educativo catalán. 5.- En todo caso, es imprescindible que, para resolver esta situación conflictiva que se arrastra desde hace muchos años, el Gobierno de la Nación impulse las medidas legislativas necesarias, en concreto en la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, para reconocer el derecho de los españoles a ser educados en castellano en todo el territorio nacional. En Barcelona, a ocho de marzo de
La asociación Impulso Ciudadano informa que el Presidente del Ateneu Barelonès, Sr. Oriol Bohigas, ha comunicado formalmente la decisión de la Junta Directiva de revocar su compromiso de alquilar la Sala de actos de la citada institución a Impulso Ciudadano para conmemorar el próximo 12 de marzo el XXX aniversario de la publicación del “Manifiesto por la igualdad de los derechos lingüísticos en Cataluña”, conocido como “Manifiesto de los 2300”. La razón aducida es que “la opinión de los socios y el compromiso de servicio hacía ellos, son principios irrenunciables”. Impulso Ciudadano informó detalladamente del contenido y desarrollo del citado acto en la solicitud de alquiler de la sala de actos del Ateneu Barcelonés que presentó el día 7 de febrero. La secretaría de la entidad barcelonesa informó el día 14 de febrero que la celebración del acto quedaba autorizada. Lamentamos que en la decisión de la Junta Directiva del Ateneu Barcelonès haya prevalecido la opinión antidemocrática, sectaria y excluyente de algunos de sus socios, y consideramos que la claudicación ante sus presiones desprestigia a la centenaria institución. El Ateneu no puede reivindicarse como un espacio de contraste de ideas y centro de pluralidad ideológica. La libertad de expresión y el respeto por la discrepancia razonada son algunos de los auténticos rasgos de identidad de una sociedad democrática y abierta. Los verdaderos demócratas deben saber resistir las presiones de los intolerantes. En este caso no ha sido así, lo que ratifica, una vez más, que el nacionalismo, en su versión más totalitaria, es una fuente de contaminación de los fundamentos democráticos de una parte de la sociedad civil catalana. De todas maneras, es voluntad de Impulso Ciudadano conmemorar con dignidad el “Manifiesto de los 2300” y con tal finalidad anuncia que el próximo sábado, 12 de marzo, a las 11.30h se celebrará en el Centro Cívico “Fort Pienc” (C/ Ribes, 14, Barcelona; Metro L1: Arc de Triomf y Marina) un acto público de homenaje a los firmantes en el que intervendrán: * Amando de Miguel, catedrático emérito de Sociología de la Universidad Complutense, y primer firmante del manifiesto; * Santiago Trancón, Profesor de Literatura y firmante del Manifiesto; * José Sánchez-Carralero, catedrático de Pintura de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense y firmante del Manifiesto; * José María Fernández, catedrático de Lengua española de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona y firmante del Manifiesto; * Pedro
Nos complace comunicaros que dentro del ciclo de “Tertulias con Impulso” contaremos con la presencia del escritor y periodista RAMÓN DE ESPAÑA el próximo día 7 de noviembre a las 21.00 horas que hablará sobre su libro “El manicomio catalán”. La cena-tertulia tendrá lugar en los salones de la Casa de Madrid (C/ Ausias Marc núm. 37 de Barcelona).
Por Francesc Moreno Hasta ahora, en el debate político catalán sobre los efectos económicos de una hipotética independencia solo se ha oído propaganda. Poco más que el latiguillo de "España nos roba". Los partidos de la oposición apenas han respondido con argumentos. Incluso muchos sectores economicos han permanecido en silencio, en parte por miedo al poder, y también porque se les ha hecho creer que todo el proceso no es más que una estrategia para mejorar la financiación. Sin embargo, al margen de lo que finalmente ocurra, el debate es imprescindible. Seguramente, son muchos los que no alterarán su posición en función de los argumentos económicos, pero los ciudadanos tienen derecho a recibir una información veraz, completa y plural sobre los efectos económicos de la secesión. El análisis de las consecuencias de una hipotética independencia de Cataluña puede abordarse desde diversos ángulos. Uno de los más controvertidos es el de sus repercusiones económicas, tanto en el momento que fuese efectiva, como los efectos que genera la situación actual de incertidumbre política. El impasse puede prolongarse durante bastantes años, acabe o no produciéndose la independencia. Sobre los costes de la transición sólo dos palabras: la incertidumbre política -cualquiera- es mala compañía para los negocios. El dinero es cobarde. Los principales bancos de inversión del mundo (Nomura, UBS, JP Morgan...) han emitido informes alertando a sus clientes sobre la situación política de Cataluña como un factor de riesgo a valorar. Bueno no es, aunque es difícil distinguir entre efectos de la crisis y efectos de la inestabilidad política vinculada al proceso secesionista. El argumentario independentista del Col·lectiu Wilson El argumentario independentista puede resumirse en la posición del Col·lectiu Wilson, capitaneado por Xavier Sala i Martín. Su razonamiento, en síntesis, se basa en mantener que el déficit fiscal absorbe sobradamente cualquier efecto negativo que pudiera derivarse de la independencia. Estos autores dan por buenos los cálculos del déficit fiscal reflejados en las balanzas fiscales calculadas conforme a los criterios de la Generalidad, incluida la neutralización. Para el Col·lectiu Wilson la independencia permitiría que Cataluña mantuviera los mismos ingresos tributarios que ahora. También considera el Col·lectiu Wilson que el nuevo Estado no gastaria más que la cuota que la Generalidad imputa actualmente como gastos de la Administración General del Estado en Cataluña. Por eso recogen la cifra de 3.000 millones de euros anuales, un dato muy alejado de otros cálculos que elevan esa cifra a los 6.000
por JOSÉ DOMINGO -- El nacionalismo transversal catalán tiene una tendencia innata a pegar puñetazos en el tablero para sacar las piezas de su sitio cuando la marcha de la partida no lleva el rumbo que le conviene. Si el jugador contrario reclama la aplicación del reglamento y el árbitro sanciona al infractor, el catalanismo pone el grito en el cielo y se hace la víctima. Es lo que ha pasado en Sant Pol de Mar: el consistorio vota incumplir las leyes de banderas, cuando el Juzgado, a instancias de un concejal, ordena colocar la bandera de España, la alcaldesa apela a la soberanía del municipio y reclama su derecho a hacer lo que le plazca, llama a rebato y algunos se sienten legitimados, literalmente, para incendiar los símbolos españoles. Lo sorprendente es que el ciudadano ejemplar que ha logrado que el imperio de la ley triunfe, es acusado por los nacionalistas de romper la convivencia y tiene muchos números para ser declarado persona non grata en el municipio. Leer más
