La asociación IMPULSO CIUDADANO denuncia el acuerdo celebrado entre la Federación Catalana de Fútbol y la asociación nacionalista OMNIUM CULTURAL con motivo de la celebración del partido entre las selecciones de fútbol de Cataluña y Honduras. Dicho acuerdo tiene como finalidad criticar las sentencias del Tribunal Supremo sobre el reconocimiento del catalán y del castellano como lenguas vehiculares en la escuela. PRIMERO.- IMPULSO CIUDADANO recuerda que la FCF está constituida por asociaciones, clubes, agrupaciones deportivas, árbitros, entrenadores y futbolistas y que tiene como finalidad el fomento y la práctica de la actividad física y deportiva en el campo del fútbol federado. SEGUNDO.- La pluralidad de sus integrantes y los propios objetivos de la federación hacen incompatible la celebración de acuerdos para la propaganda política a favor de una determinada ideología. En este sentido, el Presidente de la FCF, el nacionalista Jordi Casals i Vilalta, no debe utilizar la FCF para llegar a convenios por motivos ideológicos con entidades como Òmnium Cultural que, evidentemente, no representan a todos los catalanes, sino únicamente a sus asociados, ni tampoco a todos los miembros de la FCF, y que se define en sus actuaciones por sus objetivos nítidamente políticos, totalmente ajenos al ámbito de la práctica del deporte. TERCERO.- IMPULSO CIUDADANO solicita que no se aproveche la celebración del encuentro entre las selecciones entre Cataluña y Honduras para hacer propaganda política de una entidad tan radical como Òmnium Cultural, más cuando la interpretación que hace de las sentencias del Tribunal Supremo sobre las lenguas vehiculares de la enseñanza en la escuela catalana es excluyente y sesgada, no a favor de la convivencia lingüística en las escuelas. CUARTO.- IMPULSO CIUDADANO pide a la Federación Catalana, a los jugadores y al entrenador de la selección catalana que no participen en ninguna acción que suponga la interferencia del fútbol catalán en aspectos de claro contenido político y advierte que procederá a denunciar la utilización política del encuentro a la FIFA y a la Real Federación Española de Fútbol en el caso que exhiban o permitan pancartas de claro contenido político. SEXTO.- IMPULSO CIUDADANO lamenta que la FCF se haya prestado al juego político de ÒMNIUM CULTURAL y que, con sus acuerdos, ambas entidades perviertan los objetivos de un partido de fútbol que es absurdo confundir con los criterios que la asociación nacionalista mantiene sobre la escuela catalana, opuestos a los que el Tribunal Supremo ha entendido como
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya no abrirá expediente por la cobertura informativa de TV3 y Catalunya Radio de las consultas independentistas celebradas en diversos municipios catalanes el 28 de febrero de 2010. Impulso Ciudadano ratifica que el seguimiento informativo de las consultas y el tratamiento sesgado de la información vulneraron el deber de los medios de la Corporación de pluralismo y neutralidad y de cumplimiento de su función como servicio público. Impulso Ciudadano solicita a estos medios un tratamiento riguroso y plural de las consultas independentistas del día 25 de abril. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) no abrirá expediente informativo en relación a la cobertura informativa de TV3 y Catalunya Radio de las consultas independentistas celebradas en diversos municipios el 28 de febrero de 2010, tal como solicitó la asociación IMPULSO CIUDADANO. El CAC en su resolución concluye a partir del análisis efectuado, que se adjunta como documento, que “el tratamiento informativo realizado por TV3 y Cataluña Ràdio de las consultas soberanistas celebradas en diversos municipios el 28 de febrero de 2010 no incumple los principios y deberes establecidos en relación a la regulación de los contenidos audiovisuales”. Impulso Ciudadano lamenta que el CAC haya adoptado esta decisión cuando el propio estudio confirma el seguimiento desmesurado que realizaron durante tres días consecutivos los medios públicos pertenecientes a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. En el caso de TV3, el tratamiento informativo de las consultas independentistas llegó a ocupar el día 28 el 11% del total de la información emitida en los teleinformativos de la cadena, un 15,7% en el caso del Telenoticies vespre, representando sobre el total analizado (del 27 de febrero al 1 de marzo) el 4,7% de las informaciones emitidas en la televisión catalana durante tres días. Estos porcentajes son aún mayores en el caso de Catalunya Ràdio donde las consultas ocuparon el 12,5% de los informativos de la emisora del día 28 y casi un 7% de las informaciones emitidas durante tres días. Asimismo, también parece especialmente sesgada la presencia de los actores políticos y cívicos en los que muy mayoritariamente fueron expuestas las opiniones de los partidarios de la independencia de Cataluña (3 minutos 3 segundos para las opiniones favorables a las consultas frente a 51 segundos para las contrarias en TV3, 3 minutos 38 segundos frente a 10 segundos en Catalunya Ràdio). Impulso Ciudadano considera que el estudio ampara precisamente la apertura
Òmnium Cultural, una entidad dedicada a la promoción y normalización de la lengua catalana, la cultura y la identidad nacional de Cataluña, se hizo con una sede de lujo en la calle Diputació de Barcelona gracias a la generosidad de los gobiernos de CiU y el tripartito, que le concedieron ayudas para comprar la finca sin que lo solicitase, de forma directa, pues no hubo ni convocatoria ni publicidad, y sin exigirle garantía, según denuncia el diputado del grupo mixto y promotor de Impulso Ciudadano, José Domingo. La rocambolesca historia de la compra de esta sede de 790 metros cuadrados en pleno corazón de la capital catalana arrancó de forma extraña en el último Consell Executiu celebrado por Pujol en diciembre del año 2003. El Govern convergente acordó en esa reunión entregar 601.000 euros a Òmnium Cultural a cargo de una caudalosa herencia, la de Carmen Pintó Valls, que había quedado sin herederos y, por tanto, había ido a parar a las arcas de la Generalitat. Gracias a ese dinero, Òmnium se vio en disposición de dejar su vieja sede alquilada de la calle Montcada y de comprarse la nueva, de dos plantas, por 3,54 millones de euros, con una hipoteca que vence en 2034. Para materializar la adquisición, Òmnium creó una fundación, Fundació Privada Òmnium, de la mano de su abogado, Raimon Bergós, el mismo letrado que hasta hace unas semanas asesoraba al Palau de la Música. «El proceso está lleno de irregularidades desde un primer momento», explica Domingo. «Para empezar, la subvención se dio a nombre de Òmnium, aunque quien compró la sede fue la Fundación», relata el diputado. «Además, el dinero se pagó sin que existiese solicitud por parte de Òmnium. Tampoco hubo concurso ni ningún otro procedimiento ni se le dio publicidad al acuerdo», añade. La Generalitat se percató de las irregularidades también desde un primer momento. Tanto es así, que en el mismo mes de diciembre de 2003, la Dirección General de Patrimonio requirió a Òmnium para que solicitase la ayuda de forma oficial, pese a que ésta ya había sido concedida. La petición nunca llegó, al menos por escrito, según cuenta Domingo, que ha tenido acceso al expediente en las dependencias del Departament de Economia, donde se excusan con el argumento de que «la solicitud pudo ser oral». En ese mismo acuerdo de diciembre de 2003, la Dirección General de Patrimonio decidió que Òmnium
Impulso Ciudadano defiende la eliminación de las multas lingüísticas este martes, 8 de febrero, en la Comisión de Economía, Finanzas y Presupuesto del Parlamento de Cataluña, mediante una Propuesta de Resolución (BOPC: págs. 7-8) presentada por José Domingo. Impulso Ciudadano defenderá este martes, 8 de febrero, en la sesión de la Comisión de Economía, Finanzas y Presupuesto del Parlamento de Cataluña, su propuesta de resolución sobre la modificación de la Ley 1/1998 de política lingüística presentada por José Domingo, Diputado del Grupo Mixto y presidente de Impulso Ciudadano, en la que se solicita que se haga prevalecer el principio de libertad de uso de lenguas oficiales en la regulación de la actividad socioeconómica y la supresión de la Disposición Adicional Quinta que establece la aplicación del régimen sancionador a las empresas que incumplan los preceptos lingüísticos establecidos en dicha ley. Puedes ver la propuesta aquí: propuesta resolución multas lingúísticas
La polémica política lingüística de la Generalitat sigue permitiendo que se multe a comerciantes por no rotular en catalán. Las sanciones se suceden y una de las últimas víctimas es el empresario Xurde Rocamundi, que tiene una inmobiliaria en Arenys de Mar (Barcelona). Rocamundi fue «invitado» hace casi un año a través de una carta de la Agencia Catalana de Consumo (ACC) a cambiar el idioma –castellano– del rótulo que ofrece los servicios de su comercio en un plazo máximo de dos meses, y además fue multado con 1.200 euros. Dice que no tiene intención de pagar y, pese a que estemos aún en crisis, el motivo no es económico. «Somos bilingües» «No pienso pagar porque esto no es constitucional, incluso el propio Estatut dice que Cataluña es bilingüe, la ACC me dijo que debo rotular en catalán, pero que creo estamos en una autonomía bilingüe», explica a LA RAZÓN. El pasado 25 de julio se le anunció que tenía diez días para recurrir la multa. Y lo hizo. Rocamundi está ahora pendiente de la resolución pero, de momento, aguanta, a la espera de lo que dictamine el juez. Rocamundi no se siente bien tratado por la administración. «No pienso cambiar los rótulos ni pagar la multa, la verdad es que este tipo de sanciones me parecen más bien propias de un régimen autoritario», señala a este diario. La Ley de Política Lingüística de la Generalitat permite multar a los comercios que rotulen sólo en castellano, en una normativa vigente desde 1998. Las sanciones se comunican por carta y van desde los 600 euros para pequeños comercios hasta cantidades muy superiores si se trata de grandes compañías. El tripartito se muestra inflexible a la hora de suavizar esta ley. Lejos de ello, la dirección general de Turismo inició en marzo una campaña de inspección para comprobar que en los rótulos de hoteles, bares y restaurantes también aparece el catalán. De las dos sanciones de 2003, se pasó a las 138 de 2007. Son casi 400.000 euros recaudados en cinco años. Noticia publicada en La Razón
