Impulso Ciudadano pone en conocimiento de la opinión pública que el exconcejal del Ayuntamiento de Sant Pol de Mar (Barcelona), ENRIQUE ABAD, ha solicitado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 13 de Barcelona que ordene nuevamente al Ayuntamiento de Sant Pol de Mar reponer la bandera nacional española en la fachada, en las dependencias municipales y de forma preferente en el salón de plenos del Ayuntamiento de Sant Pol de Mar en cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado de 17 de enero de 2012. La bandera española fue colocada el pasado 21 de febrero en el salón de plenos y en la fachada del ayuntamiento; pocos días después, el 27 de febrero, fue quemada la que se encontraba en el balcón y desapareció la que se había incorporado al salón de plenos. Repuesta la de la portada el día 28 de febrero, fue sustraída extrañamente del mástil de la fachada el día 7 de abril por unos desconocidos que no fueron detenidos, a pesar de que las dependencias de la policía municipal se encuentran al lado del edificio de la corporación municipal. Desde entonces, el equipo municipal no la ha repuesto al igual que tampoco ha colocado la del salón de plenos, que ya había desaparecido mucho antes. La reiterada ausencia de la bandera española (la catalana y la de Sant Pol de Mar continúan exhibiéndose) pone de manifiesto que la voluntad de la corporación municipal es no dar cumplimiento a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo, por lo que en el escrito dirigido al Juzgado el exconcejal y miembro de Impulso Ciudadano, Enrique Abad, censura la actitud de la alcaldesa, y pide al Juez que valore los posibles daños y perjuicios que al orden constitucional comporta el comportamiento de la máxima responsable del Ayuntamiento de Sant Pol de Mar. A la vista de la intencionada falta de cumplimiento de la Ley de Banderas por parte de la alcaldesa, ha solicitado al Juez que presente denuncia (levantar testimonio de particulares) ante el Juzgado de Instrucción por si hubiera incurrido en un posible delito de desacato a la autoridad judicial, previsto en el artículo 410 del vigente Código Penal. Documento presentado
Para quienes desconozcan lo ocurrido -que debe ser la inmensa mayoría puesto que los sucesos en detalle no aparecieron en horario estelar, ni en las primeras planas de los medios de comunicación, ni mucho menos en aquellos que forman parte de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales como TV3 o Catalunya Radio - aquí va nuestro relato de los lamentables hechos acaecidos en la UAB recientemente. Seguramente, si los agredidos fueran militantes anti-sistema, o separatistas, el vacío informativo no existiría. (más…)
Dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anulan los proyectos lingüísticos de dos centros educativos públicos de Barcelona y Abrera porque no contemplan el castellano como lengua vehicular y no reconocen el 25% de enseñanzas curriculares en este idioma. Las sentencias han sido dictadas el día 23 de marzo de 2021 y tienen una trascendencia histórica, en la medida que obligarán a cambiar todos los proyectos lingüísticos de los centros educativos sostenidos con fondos públicos que establecen el catalán como única lengua vehicular de enseñanza. (más…)
Impulso Ciudadano y S'ha Acabat solicitan a la Consejería de Interior de la Generalitat de Cataluña y al Ayuntamiento de Barcelona que modifiquen el lugar de concentración en el cruce de las avenidas Meridiana y Fabra i Puig (Barcelona) para facilitar el tránsito y no interrumpir el descanso diario de los ciudadanos. (más…)
Discurso de José Domingo, Presidente de Impulso Ciudadano y Vicepresidente de Societat Civil Catalana, impartido el 08/09/16 como parte del acto "Razones para el blingüismo" organizado por Societat Civil Catalana en el paraninfo de la Universidad de Barcelona: "Hasta la Constitución Republicana de 1931 no tuvo reconocimiento constitucional ninguna lengua oficial en España. El actual artículo 3 de la Constitución de 1978 es heredero de aquella Constitución. Dice así: “1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. 2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. 3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.” (más…)
