Siempre existe una excusa para la pomposidad, para la teatralidad al servicio de la propaganda. Durante estos últimos días ha sido la del 650 aniversario de la denominada Diputación del General, antecedente histórico de la actual Generalitat. Aprovechando la ocasión, el presidente Montilla ha proclamado que «de esta continuidad histórica, de esta voluntad de autogobierno, de esta cultura y lengua milenarias, es de donde surgen los argumentos para decir que somos una nación. Una nación no es una manía». Puede que la nación no sea una manía, pero sí es propio de maniáticos insistir en el sonsonete nacionalista para condicionar la actividad política y pretender hipotecar la viabilidad de la propia Nación española. Tanto es así que para ellos el grado de afección o desafección de los catalanes hacia España pendería del mantenimiento de la palabra nación en el preámbulo del Estatuto. Tan grandilocuente y fatuo es este discurso que él sólo se desacredita. Es cierto que el Parlamento de Cataluña hizo esta declaración y que, recurrente y obsesivamente, se bautiza a muchas instituciones y pactos de ámbito catalán con el adjetivo nacional. Igualmente, las normas aprobadas en el Parlament suelen ser calificadas como «de país» utilizando el término no en su acepción geográfica, sino política. Paralelamente y en sentido contrario, instituciones dependientes del Gobierno español, modifican su nomenclatura para reafirmar su carácter estatal y olvidar lo nacional como, por ejemplo, el Instituto Nacional de Meteorología, que ha pasado a denominarse Agencia Estatal. La continuidad histórica a la que apelaba Montilla desapareció hace algunos siglos del entramado institucional. La cita está justificada en el caso de las monarquías hereditarias, pero la legitimación del actual presidente de la Generalitat se asienta exclusivamente en la soberanía nacional del pueblo español que aprobó la Constitución, no en el derecho natural, que era el que regía en el siglo XIV. No estamos, desde luego, ante un tema menor. Por primera vez en la historia de España, en una norma del bloque constitucional se declara a Cataluña como nación y eso tiene, necesariamente, su trascendencia. No se llegó a tanto en el Estatuto catalán de la II República que calificaba a Cataluña como «región autónoma dentro del Estado español». Para los independentistas la permanencia del concepto nación, en cuanto parada para llegar al Estado, es fundamental, pero no se comprende, sin embargo, tanta emotividad y prosopopeya en dirigentes que se autocalifican como federalistas o autonomistas.
La exclusión del castellano en las aulas auspiciada por el Estatuto catalán y la posibilidad de que el TC lo avale sigue generando respuestas desde la ciudadanía. Este sábado se presentó una de ellas, "Impulso Ciudadano", un lobby por el bilingüismo. La presentación estaba prevista para este tres de octubre en Barcelona y este domingo El Mundo se hace eco de ella. José Domingo, ex miembro de Ciudadanos y diputado del Parlamento Catalán, es su impulsor. La intención del nuevo colectivo es constituir una especie de lobby por el bilingüismo que aglutine a todos los colectivos que luchan contra la exclusión del castellano en el espacio público con el fin de presionar a partidos y ciudadanos. “Nuestra intención es mostrar la Cataluña real y no la virtual que una minoría nos está intentando hacer creer”, explicó Domingo ante representantes del PP, UPyD, la Asociación por la Tolerancia o Círculo Balear, entre otras. También habló del Estatuto y el TC: según advirtió Domingo, “una Constitución que avale el Estatut no es válida para la mayoría de nosotros”. El lobby, según el diputado catalán, no tiene vocación de terminar transformado en partido político. Su aspiración es lograr “influencia” suficiente para que el bilingüismo sea una realidad en Cataluña. Noticia publicada en Libertad Digital
¡DENUNCIA LA UTILIZACIÓN DEL ESPACIO Y LOS EDIFICIOS PÚBLICOS QUE HACEN LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y ASOCIACIONES NACIONALISTAS! (más…)
Impulso Ciudadano presentará un recurso contencioso-administrativo contra el modelo de Protocolo de usos lingüísticos para el sector sanitario público de Cataluña que pretende hacer del catalán la única lengua de comunicación oral y escrita del personal sanitario en su ejercicio profesional con los pacientes. Tanto si eres usuario de la sanidad pública como profesional de la misma, estás afectado por una normativa que restringe la libertad de uso lingüístico del personal al servicio de la sanidad catalana y restringe los derechos a una atención digna de los pacientes y familiares. Si quieres adherirte a nuestro recurso ponte en contacto con IMPULSO CIUDADANO y te haremos llegar el documento.
La asociación constitucionalista Impulso Ciudadano, ha interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña un recurso contencioso-administrativo contra la actuación del Gobierno de la Generalitat que, por la vía de hecho, colocó en el balcón del Palacio de la Generalitat, nada más concluir el periodo electoral el pasado 27/06/19, una pancarta junto con un lazo amarillo que reclama la “libertad de los presos políticos y exiliados”, escrita en catalán y en inglés. (más…)
El Diputado José Domingo, representante del Grupo Mixto en el plenario de la representación catalana en la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Generalitat, ha expresado en la reunión celebrada hoy su posición contraria al traspaso de las funciones y servicios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. José Domingo ha considerado perjudicial para el funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social el hecho de que, a partir de este traspaso, un colectivo de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social dependan orgánicamente de la Generalitat y otro colectivo dependa del Ministerio de Trabajo e Inmigración, dos Administraciones distintas con diferentes planes propios en el ámbito de sus respectivas competencias materiales. La transferencia se realiza en contra de la posición del personal de la Inspección y de la Subinspección, de manera que de los 284 funcionarios, no llegan al 10% los que han solicitado voluntariamente su adscripción orgánica a la Generalitat. La existencia de una doble dependencia orgánica pone en riesgo en la práctica el principio de unidad de acto de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. El traspaso de la Inspección de Trabajo se ha hecho de forma precipitada, e improvisada, y conllevará que, por el mal modelo diseñado, se resienta la calidad del trabajo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Cataluña. Asimismo, el diputado José Domingo ha solicitado que se modifiquen los mecanismos de funcionamiento de la Comisión Mixta de transferencia Estado-Generalitat, y ha denunciado durante la reunión que los integrantes de la Comisión ni siquiera hayan tenido acceso a la documentación del traspaso antes de celebrar la reunión. Barcelona, 24 de Febrero del 2010
