Impulso Ciudadano, por medio de su presidente José Domingo, ha presentado una denuncia ante la Oficina por la No discriminación del Ayuntamiento de Barcelona contra el señor Jaume Mateu Bullich, conocido como el payaso “Tortell Poltrona”, para que acuerde declarar que el pregón que pronunció con motivo de las últimas fiestas de la Merced es inadecuado y contrario a los principios de la convivencia y tolerancia ciudadanas. (más…)
Nos alegra informaros que el profesor Francesc de Carreras se ha recuperado de su reciente contratiempo de salud, por lo que el próximo jueves, 5 de marzo, a las 19.00 horas, Impulso Ciudadano organiza una tertulia-debate en la Sala Auditorio del Centre Cívic Urgell-Centre Cultural Teresa Pàmies de Barcelona (calle Comte d’Urgell, 145 de Barcelona) para hablar de la actualidad política. (más…)
La iniciativa “Lloc Net, Joc Net”, integrada por las entidades Aixeca’t-Levántate, Impulso Ciudadano, S’ha acabat y Cataluña por España, presentó ante la Junta Electoral Central (JEC) una queja por los criterios utilizados por la Junta Electoral Provincial (JEP) de Girona en relación con la presencia de símbolos partidistas (más…)
Miembros de la Junta Directiva de Impulso Ciudadano se ha reunido el lunes, 22 de abril, con Llanos de Luna, Delegada del Gobierno en Catalunya y con el subdelegado del Gobierno en Barcelona, Emilio Ablanedo. En el curso de la misma, el Presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo, ha trasladado a la Delegada el apoyo de nuestra asociación para todas aquellas decisiones dirigidas a garantizar el cumplimiento de la legalidad (colocación de la bandera nacional en las instituciones) y ha considerado muy conveniente que se haga pública la actividad de los distintos Departamentos Ministeriales en Cataluña (Seguridad Social, Policía Nacional, Guardia Civil….) En esta línea, en el curso de la reunión se ha puesto de manifiesto la conveniencia de potenciar el papel de la Alta Inspección Educativa que está encuadrada orgánicamente en el ámbito de las subdelegaciones provinciales y resaltar la presencia de la Administración General del Estado mediante la celebración de conferencias y exposiciones y una política de puertas abiertas. También, la delegación de Impulso Ciudadano, le ha hecho llegar su preocupación sobre las consecuencias que pueden tener para la cohesión nacional el hecho de que algunas corporaciones locales estén realizando acciones destinadas a fomentar la insumisión fiscal a la Agencia Tributaria Estatal. Asimismo, también se ha pedido a la Delegada que la institución valore la posibilidad de actuar contra aquellas resoluciones municipales que aprueban la colocación de banderas independentistas en los espacios públicos por ser contrarios a la neutralidad política que deben mantener las instituciones públicas.
La sentencia 31/2010, de 28 de julio, del Tribunal Constitucional, sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, cuestiona, interpreta y anula una serie de preceptos que durante los últimos treinta años han vertebrado las políticas lingüísticas de los sucesivos gobiernos autonómicos catalanes desde el restablecimiento de la democracia. Conceptos recurrentes en la legislación catalana como el de “lengua propia”, “lengua normal y preferente”, “lengua vehicular” o “disponibilidad lingüística” han de ser leídos a partir de ahora a la luz de una sentencia que deja sin efecto aspectos nucleares de las políticas que han venido ejerciendo en esta materia, con diferencias sólo de matiz, los distintos Gobiernos de la Generalitat. No obstante, la reacción de los partidos que conforman el actual Gobierno y del principal partido de la oposición ha sido taxativa y unánime y no nos permite ser optimistas. Miembros del Gobierno de la Generalitat han manifestado públicamente que no se modificará ningún aspecto de la ley de política lingüística, ni de la nueva Ley de educación de Cataluña, ni de las recientemente aprobadas leyes de acogida de inmigrantes y del Código de consumo de Cataluña. No se rectificará nada y se desobedecerá de manera abierta y desinhibida la doctrina del Tribunal Constitucional, abriendo un periodo de conflicto e inseguridad jurídica que ha de envenenar el debate político y vulnerar los derechos de los ciudadanos en los años venideros. Es especialmente preocupante que el Gobierno de Cataluña se instalé en posiciones que puedan suponer, incluso, comportamientos delictivos y a esos efectos es necesario recordar que el artículo 410.1 del vigente Código Penal castiga con la pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años a aquellas autoridades que se nieguen abiertamente a dar cumplimiento a resoluciones judiciales. La respuesta ante tal despropósito ha de provenir, necesariamente, de la misma ciudadanía que viene sufriendo la insensatez de unos gobernantes embebidos en sus propias obsesiones, cada vez más ajenos a sus inquietudes, que crean problemas donde no existen, y no resuelven los que sería urgente solucionar. Por todo ello, la asociación Impulso Ciudadano convoca una concentración que se celebrará a las 19 h. el próximo miércoles, 8 de septiembre, en la Rambla Sta. Mónica con Pasaje de la Banca, ante la Secretaría General de Política Lingüística, bajo el lema “La sentencia del Tribunal Constitucional debe cumplirse, no
Ante las reacciones de las fuerzas políticas catalanas y del propio Departamento de Educación en relación con las sentencias del Tribunal Supremo que obligan a la Administración educativa catalana a considerar lenguas vehiculares al castellano y el catalán, IMPULSO CIUDADANO CONSIDERA: PRIMERO.- Que los grupos parlamentarios y la Administración educativa han de asumir con normalidad que es una riqueza que la sociedad catalana sea bilingüe y que esta riqueza se ha de proyectar igualmente en la educación, siendo positivo el hecho de que la educación en Cataluña sea impartida con normalidad en las dos lenguas oficiales, el castellano y el catalán. Lo negativo es que en una sociedad bilingüe sólo sea considerada lengua vehicular una de las dos de forma obligatoria. SEGUNDO.- Que a la vista de las reacciones políticas no resulta ocioso recordar el contenido del artículo 118 de la Constitución española que dispone que: “Es obligatorio cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales”. El incumplimiento de las sentencias por parte de las Administraciones es delito, por lo que el Departamento de Enseñanza no debe ignorar, a partir de ahora, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, basada en la doctrina del Tribunal Constitucional que dispone que castellano y catalán han de ser lenguas vehiculares en la enseñanza en Cataluña. TERCERO.- Que hay que dar por finiquitado el modelo de inmersión lingüística obligatoria y asumir el derecho a decidir en la escuela, de manera que se respete la voluntad de aquellos padres que defienden un sistema que garantice la presencia equilibrada de las dos lenguas oficiales en la enseñanza. CUARTA.- Es una muestra de cinismo afirmar que el modelo de inmersión obligatoria garantiza mejor la enseñanza que el modelo bilingüe de conjunción lingüística. Es evidente que el actual modelo catalán responde a criterios políticos nacionalistas, pero no a razones pedagógicas. QUINTA.- Por ello, el primer cambio que origina la jurisprudencia del Tribunal Supremo es que la Administración debe posibilitar en todos los ciclos educativos un sistema que evite que el catalán se convierta en la única lengua vehicular obligatoria. Ello debe tener su traducción inmediata en: a) Que la programación del Departamento de Enseñanza ha de contemplar en su normativa que las lenguas vehiculares de enseñanza y de la Administración educativa y de relación entre los padres, alumnos y centros son el catalán y el castellano; b) Que en los conciertos que suscriba la Administración educativa catalana
