La declaraciones de la Presidenta de Omnium Cultural, Muriel Casals, en el programa de “Els Matins de TV3” en las que ha calificado como maltratadores a los padres que demandan la educación también en castellano para sus hijos en el sistema educativo catalán son intolerables y, a nuestro juicio, fomentadoras del odio. Desde Impulso Ciudadano, se recuerda que la educación en la lengua materna es un derecho proclamado por las Naciones Unidas y que, los padres que solicitan la enseñanza bilingüe ejercitan el derecho previsto en la normativa vigente y que ha sido reconocido en sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo que han declarado que la escolarización obligatoria en Cataluña debe tener como lenguas vehiculares tanto al castellano como al catalán. Vista la gravedad de estas manifestaciones, Impulso Ciudadano anuncia que interpondrá una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Barcelona por las declaraciones de la Presidenta de Omnium Cultural por entender que las mismas constituyen un delito de provocación al odio y a la discriminación tipificado en el artículo 510 del Código Penal. La presidenta de esta Entidad que, últimamente había declarado que “para tirar hacia adelante hay que violentar un poco” ha sobrepasado todos los límites calificando como maltratadores a padres que únicamente velan por la educación de sus hijos. Asimismo, la asociación Impulso Ciudadano dará traslado de sus declaraciones a la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, sucesora del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia, para que valore la consideración y trato que determinadas instituciones nacionalistas dan a los padres castellanohablantes. En Barcelona, a ocho de julio de dos mil once.
En la Junta de Portavoces celebrada hoy en el Parlamento de Cataluña, el portavoz adjunto del Grupo Mixto, José Domingo, se ha opuesto a la presentación de un incidente procesal por parte de este Parlamento ante el Tribunal Constitucional por el que se pretende que se declare este órgano incompetente para proseguir y dictar sentencia en los recursos de inconstitucionalidad planteados contra el Estatuto de Autonomía Cataluña. A juicio de José Domingo el incidente no se sostiene jurídicamente y son únicamente razones políticas las que han llevado a forzar su interposición. En este sentido, ha calificado como extemporánea su presentación habida cuenta de que la razón aducida para sustentar la presentación es que el mandato de algunos magistrados del Tribunal Constitucional “ha caducado”. Así, ha recordado que dichos magistrados se encuentran en prórroga de jurisdicción desde hace más de dos años y que durante este tiempo no se ha cuestionado nunca ni su competencia ni su imparcialidad. José Domingo ha apelado a la lealtad institucional y ha recordado que es usual en la legislación orgánica y ordinaria que se prorroguen los mandatos de órganos constitucionales e institucionales relevantes hasta que no sean renovados. Sin ir más lejos, en el presente pleno se aprobará el Proyecto de ley de la Sindicatura de Cuentas en el que expresamente se mantiene en sus funciones a los síndicos cuyo mandato ha vencido hasta que no sean renovados por la cámara. Para José Domingo lo que se pretende, en realidad, es desacreditar al Tribunal Constitucional y evitar que dicte sentencia sobre la constitucionalidad del Estatuto de Autonomía Cataluña. Buena prueba de ello es que gran parte de las argumentaciones del incidente pivota sobre la legitimidad del Tribunal Constitucional para resolver el Estatuto de Autonomía de Cataluña con razones extrajurídicas y juicios de valor y de intención infundados. A su juicio, no hay ninguna posibilidad de que el incidente prospere puesto que el Tribunal Constitucional ya admitió su competencia en el momento en que admitió a trámite los recursos de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Autonomía y tanto el Parlamento como el Gobierno de Cataluña no cuestionaron entonces su legitimación para conocer estos recursos. Además, la situación de inseguridad jurídica que se originaría sería incalculable puesto que necesariamente afectaría a todos los procesos que se siguen en este órgano, esto es, recursos de inconstitucionalidad, cuestión de inconstitucionalidad y recursos de amparo.
En relación a la sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo número 9 de Barcelona que ha confirmado la multa impuesta a Manuel Nevot y desestimado su recurso contra la misma: Impulso Ciudadano lamenta que la juez de dicho juzgado de Barcelona haya decidido no presentar la cuestión de inconstitucionalidad a la ley de política lingüística que reclamaba el empresario multado y no comparte el criterio del magistrado según el cual la no utilización del catalán supone una vulneración de los derechos lingüísticos de los consumidores. Impulso Ciudadano considera que la vigente normativa lingüística en materia de consumo sigue siendo claramente inconstitucional, ya que hace referencia a unos supuestos derechos lingüísticos de los consumidores que no encuentran amparo ni en el texto constitucional, ni en la Declaración universal de derechos humanos, ni en los tratados o acuerdos internacionales sobre esta materia ratificados por España. En todo caso, y de existir estos derechos lingüísticos de los consumidores, la ley no podría velar por su cumplimiento sólo, o al menos, en relación a los consumidores de habla catalana, sino que debería garantizar su cumplimiento también para los consumidores castellano parlantes. Impulso Ciudadano considera que, en el ámbito español y europeo, el consumo no se encuentra compartimentado territorialmente, no existen fronteras de consumo, ni se identifica éste por regiones. En materia lingüística, España y las Comunidades Autónomas que la integran deben seguir las recomendaciones de la Comisión Europea en esta materia y aplicar el criterio de obligatoriedad de utilización de una lengua comprensible, que en el caso de España es el castellano, única lengua comprensible para todos los consumidores españoles. Impulso Ciudadano hace público su apoyo al Sr. Nevot, le solicita que eleve recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, esperando que, ya sea el propio Tribunal Constitucional o, finalmente, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, se resuelva en contra de una legislación abusiva y limitadora de la libertad de las personas físicas y jurídicas y de la libertad de expresión. Por todos los motivos anteriores, Impulso Ciudadano exige la derogación inmediata de la legislación vigente en materia de derechos lingüísticos de los consumidores en Cataluña. Barcelona, 2 de Marzo de 2010 Descargar la sentencia (PDF)
Hoy se ha conocido la decisión condenatoria del Tribunal Supremo (TS), consecuencia del juicio contra los líderes políticos separatistas por sedición, malversación y desobediencia. La sentencia se conoce después de un proceso judicial iniciado hace ocho meses a raíz del intento de derogación de la Constitución en Cataluña. (más…)
El pasado día 16/03/16 se celebró un acto en el Parlamento Europeo con el fin de denunciar ante ese organismo la situación de vulneración de derechos ciudadanos en Cataluña. (más…)
Los expertos coinciden en que el modelo constitucional da síntomas de agotamiento. Tres de los máximos expertos en Derecho Administrativo fueron convocados por Impulso Ciudadano y la Fundación Transición Española el viernes, 28 de junio, en el centro cívico Fort Pienc para valorar el estado actual en el que se encuentra la Constitución española en una mesa redonda con el título “¿Necesita España un cambio en su estructura territorial?”. Los profesores Tomás-Ramón Fernández Rodríguez, Santiago Muñoz Machado y Joaquín Tornos Mas fueron presentados por José Luís de Zavala Richi, Presidente de la Fundación Transición Española, quien reseñó sucintamente su currículo destacando de los catedráticos de la Universidad Complutense de Madrid, Tomás Ramón Fernández y Muñoz Machado, que fueron miembros de la Comisión de expertos sobre autonomías que en el año 1981 elaboró el Informe sobre el estado de las autonomías, y del catedrático de la Universidad de Barcelona, Joaquín Tornos, su condición de expresidente del Consejo Consultivo de la Generalitat de Cataluña. Los tres ponentes coincidieron en que la Constitución de 1978 presenta un balance positivo en términos generales, pero comienza a dar señales de agotamiento, sobre todo, en el modelo territorial. Para Tomás Ramón Fernández la reforma es imprescindible y Muñoz Machado calificó el problema como “descomunal” porque “a los españoles les gusta más el poder constituyente que reformar constituciones”. En esta línea, profundizó Joaquín Tornos que no advierte en los principales actores (los partidos políticos nacionales) una voluntad de llevar a cabo la reforma constitucional por lo que se mostró partidario de crear estados de opinión a favor de la misma. Recordaron los catedráticos que con la regulación del Título VIII se pretendió dar satisfacción a las denominadas “autonomías históricas”. A la vista del resultado, no se ha conseguido el objetivo y buena prueba de ello es que, actualmente, las que reclaman un cambio más radical del modelo, planteando alternativas secesionistas, son Cataluña y País Vasco. En cambio, las élites locales del resto de las Comunidades autónomas están cómodas con el actual modelo dado que han acumulado un poder que no habían imaginado. Según ellos, el origen del problema se debe a la naturaleza abierta del modelo constitucional (principio dispositivo) en el que la ausencia de reglas precisas ha permitido una estructura confusa e ineficiente en el que el universo de normas jurídicas dictadas por las asambleas legislativas autonómicas convierten el marco normativo en inmanejable. Entonó el
