Con motivo de la aprobación de una proposición en el Parlamento vasco anulando la ley que permitía sancionar a los comerciantes que no rotulaban en vasco, o no atendían a los clientes en este idioma, Impulso Ciudadano quiere informar a la opinión pública lo siguiente: 1. Celebra la decisión del Parlamento de la Comunidad Autónoma Vasca de acabar con el régimen sancionador en materia de usos lingüísticos y que se abogue por la libertad en esta materia. 2. Lamenta que Cataluña mantenga un régimen coactivo en materia de lenguas que obliga a rotular o atender en catalán a los usuarios y lamenta que esté previsto el endurecimiento de las multas y de las condiciones a los empresarios y comerciantes en el Proyecto de Ley del Código de consumo de Cataluña, actualmente en tramitación en el Parlamento Catalán. 3. Denuncia que la radicalidad nacionalista es mala consejera en la regulación de las libertades públicas y por ello reclama que el régimen sancionado, de delación y de amedrentamiento a comerciantes acabe ya y pide al Gobierno de Cataluña que anule las sanciones impuestas a los empresarios que han sido multados por no utilizar el catalán. 4. Para Impulso Ciudadano la imposición no puede ser nunca el camino para la defensa o promoción de una lengua y debe prevalecer el respeto al derecho individual de los ciudadanos a utilizar la lengua que deseen, oficial o no, en el ámbito de las relaciones privadas. Impulso Ciudadano Barcelona, 10 de junio de 2010
Lamenta que no haya adaptado el sistema educativo a las resoluciones de los Tribunales y advierte de su posible contenido prevaricador. Solicita que suspenda la entrada en vigor de la resolución. Advierte que si el Departamento no resuelve esta petición antes del día 22 de agosto, la citada resolución dejará de producir efecto. La asociación Impulso Ciudadano ha presentado recurso de alzada ante la Consellera Irene Rigau contra la resolución de 21 de junio de 2013 de la Secretaría General del Departamento por la que se aprobaron los documentos que han de regir el curso 2013-2014 por considerar que la resolución deliberadamente ignora la doctrina del Tribunal Constitucional y las sentencias del Tribunal Supremo sobre usos de las lenguas vehiculares en los centros educativos catalanes. En concreto, el documento denominado “El tractament i l’ús de les llengües al sistema educatiu. El projecte lingüístic” sólo contempla al catalán y al occitano en el Valle de Arán como lenguas normalmente empleadas como lenguas vehiculares y de enseñanza del sistema educativo, ignorando que según han dispuesto los Tribunales el castellano también ha de ser lengua vehicular. El Departamento no prevé la posibilidad de una enseñanza bilingüe (catalán-castellano) o trilingüe (catalán-castellano-inglés) y no fija la proporción de las lenguas como vehiculares en la enseñanza. Sí regula, en cambio, lo que denomina la atención lingüística individualizada en la primera enseñanza a pesar de que el Tribunal Supremo ha vetado expresamente este método pedagógico ignorando la doctrina que obliga a adoptar las medidas adecuadas para implantar el modelo de conjunción lingüística. Impulso Ciudadano lamenta la cerrazón del Departamento que no puede alegar desconocimiento del ordenamiento jurídico y que llega incluso a repetir por dos veces la regulación de la atención lingüística individualizada, como si quisiera hacer ostentación y alarde de su desacato y actitud prevaricadora. Impulso Ciudadano ha solicitado que el Departamento suspenda la entrada en vigor de esta resolución y ha recordado que si no resuelve esta petición antes del día 22 de agosto, la citada resolución dejará de producir efecto.
IMPULSO CIUDADANO denuncia que el proyecto de ley del Código de Consumo de Cataluña obliga a los ciudadanos a delatar a los establecimientos que incumplan la normativa lingüística. 1. Impulso Ciudadano alerta sobre el contenido del artículo 311.5 del proyecto de Ley del Código de Consumo de Cataluña que declara que: “las personas consumidoras tienen el derecho y el deber de cooperar, de forma individual o mediante organizaciones que les representen con las administraciones públicas de velar por el cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de las personas consumidoras”. El proyecto declara que el medio principal de cooperación es la denuncia (art. 311.5.2) y que a través de ella se pondrán en conocimiento de la Administración los hechos, circunstancias o acontecimientos que puedan vulnerar la normativa de consumo. 2. Impulso Ciudadano lamenta que la voluntad inquisitorial del actual Gobierno catalán le llevé incluso a fomentar la delación entre los ciudadanos por razones lingüísticas. A esos efectos, es necesario recordar que el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias reconoce como derecho del consumidor y usuario la denuncia pero no establece la obligación de denunciar. Tampoco en ninguna Comunidad Autónoma se ha aprobado un régimen como el que ahora pretende implantarse en Cataluña. 3. El fanatismo en el que se ha instalado el Gobierno catalán se había materializado hasta ahora en fomentar a través de la subvención a organizaciones de consumidores y a plataformas nacionalistas, la delación de los comercios pero no se había atrevido todavía a incluir por ley la obligación de denunciar a los establecimientos catalanes en base a unos supuestos derechos lingüísticos unidireccionales que obligan sólo a rotular y facilitar la información en catalán. 4. Impulso Ciudadano denuncia que el marco legal que se pretende crear con la nueva ley es tan demencial y totalitario que, de aplicarse una lectura restrictiva y literal del futuro Código de Consumo de Cataluña y dado el modelo de policía lingüística implantado en Cataluña, sería perfectamente posible, al amparo de la redacción literal del artículo 331.6.l), sancionar por incumplimiento de la normativa de consumo a aquellas personas que no cumplieran con la obligación de denunciar. 5. Impulso Ciudadano solicita que se retiren del Código de Consumo de Cataluña todos los aspectos relacionados con la
IMPULSO CIUDADANO solicita del TSJ de Cataluña que presente cuestión de inconstitucionalidad contra el régimen lingüístico de la Ley de Educación de Cataluña. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha admitido a trámite y ha dado traslado a la Generalitat de la demanda contra el Decreto 155/2010, de 2 de Noviembre, de la dirección de los centros educativos públicos y del personal directivo profesional docente (DOGC núm. 5753 – 11/11/2010) presentada por IMPULSO CIUDADANO. La demanda pretende la nulidad del art. 6.d) del Decreto que obliga a los directores y directoras de los centros educativos públicos y concertados de Cataluña a garantizar que el catalán sea la lengua vehicular de la educación, administrativa y de comunicación utilizada normalmente en las actividades del centro. La normativa permite a los directores sancionar al personal que no utilice esta lengua como vehicular y a la Generalitat cesar a los Directores y directoras en caso de incumplimiento de esta función. Como cuestión previa, IMPULSO CIUDADANO ha solicitado al Tribunal que presente ante el Tribunal Constitucional cuestión de inconstitucionalidad contra el Título II de la Ley de Educación de Cataluña que regula el régimen lingüístico del sistema educativo catalán y contra el artículo 142.5 de la LEC que obliga a los directores a garantizar que el catalán sea la lengua vehicular de la educación, de la administración y de la comunicación en los centros educativos. La demanda, de cincuenta folios, que se acompaña como ANEXO, se fundamenta en que, de acuerdo con la vigente ley de educación catalana, el modelo educativo dejaría de ser de conjunción lingüística para pasar a ser de exclusión del castellano como lengua docente. Este modelo es incompatible con la sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010 sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña que declaró la constitucionalidad del artículo 35 del Estatuto, siempre que se interpretara que el castellano y el catalán son lenguas vehiculares de la enseñanza y obligaba a las Administraciones a garantizar ese mandato. IMPULSO CIUDADANO considera que la actual normativa pretende hacer del catalán la única lengua vehicular de enseñanza en los centros educativos públicos y concertados de Cataluña y que el objetivo de la LEC no es normalizar el catalán (muy arraigado socialmente), sino potenciar su carácter identitario: hacer de este idioma el instrumento para construir la nación catalana. Esta tesis se justifica en el preámbulo y articulado de la LEC, en los trabajos parlamentarios de
Ante la reunión celebrada entre el jefe de gobierno de España y el presidente de la Generalitat de Cataluña, sin la presencia de ningún representante de la sociedad civil catalana del sector respetuoso de la Constitución, Impulso Ciudadano reclama a Pedro Sánchez y su gobierno un debate plural e inclusivo. (más…)
Veinte entidades sociales han convocado la primera convención nacional por la convivencia y la Constitución que se celebrará en Madrid el 14 de marzo de 2020. Las organizaciones convocantes han iniciado el proceso de organización para concretar este primer encuentro a favor de convivencia democrática y la Constitución Española que tendrá lugar el próximo 14 de marzo en la capital española. (más…)
