El auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 28 de julio de 2011, adoptado por unanimidad de todos los magistrados, considera que el actual modelo educativo catalán, sustentado en la consideración del catalán como única lengua vehicular, no da cumplimiento a las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que obligan a considerar al castellano y al castellano como lenguas vehiculares de enseñanza. Por lo tanto, la pretensión del Gobierno de la Generalitat de mantener el modelo de inmersión lingüística obligatoria es inviable por inconstitucional y tiene ya fecha de caducidad, dos meses a partir de la notificación del citado auto a las autoridades educativas. Impulso Ciudadano quiere felicitar a las personas y asociaciones que, con su perseverancia, van a hacer posible que Cataluña cuente con un modelo educativo más flexible, pedagógicamente más idóneo y más respetuoso con su realidad social. Las sentencias del Tribunal Supremo, en sí, ni benefician ni perjudican a los idiomas oficiales, sino que obligan a adaptar el sistema de enseñanza a un modelo de conjunción lingüística que garantiza los derechos de los alumnos a ser escolarizados en los dos idiomas oficiales. Una sociedad bilingüe ha de contar con una educación, al menos, bilingüe o que facilite la libertad de opción lingüística. Impulso Ciudadano remitió una carta al Presidente de la Generalitat y a la Consejera de Educación el 28 de enero de 2011 en la que les recordaba que el artículo 118 de la Constitución dispone que es obligatorio cumplir las sentencias y resoluciones firmes de los Jueces y de los Tribunales por lo que no cabe ignorar o desvirtuar, alterando su fallo y fundamentos jurídicos, las decisiones de los Tribunales. Lamentablemente, el Gobierno de la Generalitat ha ignorado intencionadamente las sentencias y se ha encastillado en incumplirlas. El auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña refuerza el Estado de Derecho y pone de manifiesto que la Generalitat estaba actuando en falso. El Gobierno de la Generalitat no puede actuar como un régimen calvinista ortodoxo y convertirse en el único intérprete de la ley educativa, su poder no está por encima de los Tribunales. La Generalitat lleva incumpliendo las normas de forma deliberada durante muchos años. Dos meses es un plazo más que suficiente para adoptar las medidas necesarias para que el catalán y el castellano sean, de verdad y sin trampas, lenguas vehiculares de enseñanza. Para ello, tal como se
IMPULSO CIUDADANO ha tenido conocimiento de la interposición por el Defensor del Pueblo y por el Partido Popular de sendos recursos de inconstitucionalidad contra la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de Consumo de Cataluña y con ese motivo informa a la opinión pública: PRIMERO. Que celebra la interposición de estos recursos dadas las evidentes dudas que existen sobre la constitucionalidad de esta norma que ya puso de manifiesto en el escrito presentado en fecha 7 de septiembre por IMPULSO CIUDADANO a todos los grupos parlamentarios y al Defensor del Pueblo. En aquella petición ya advertía que los preceptos relacionados con los deberes lingüísticos en las relaciones de consumo y el desproporcionado régimen sancionador contravenían flagrantemente la sentencia 31/2010, de 28 de junio de 2010, del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de autonomía de Cataluña que proclama que en este tipo de relaciones debe darse igual trato y perfecta equivalencia a las dos lenguas oficiales en Cataluña. También se recordaba en aquella petición que la citada sentencia establece que el deber de disponibilidad lingüística de las entidades privadas, empresas o establecimientos abiertos al público no puede significar la imposición a éstas, a su titular o a su personal de obligaciones individuales de uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales de modo general, inmediato y directo en las relaciones privadas, toda vez que el derecho a ser atendido en cualquiera de dichas lenguas sólo puede ser exigible en las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos. El principio de igualdad queda roto cuando el Código de Consumo sólo reconoce el derecho a recibir en catalán determinada información o documentación y no se contempla el mismo derecho a recibirlo en castellano o aranés, también lenguas oficiales de Cataluña, mas cuando el Tribunal Constitucional ha declarado que no existe un deber generalizado para todos los ciudadanos de Cataluña, de conocimiento de la lengua catalana ni mucho menos para el resto de los españoles ni para los extranjeros. SEGUNDO.- Que lamenta que algunos sectores tergiversen y manipulen presentando como un ataque a Cataluña o al catalán lo que en realidad es una defensa de la libertad de expresión de todos los ciudadanos. Ninguna ley puede quedar, a priori, al margen del control de constitucionalidad y por ello resulta poco respetuoso con el Estado de Derecho y es claramente antidemocrático que se criminalice a los que, en legítimo uso de sus
La Comisión Europea está elaborando su informe anual sobre la situación del Estado de Derecho en la UE. En el marco de este proceso ha invitado a la sociedad civil a realizar sus aportaciones. Impulso Ciudadano ha remitido un informe en el que, a partir del cuestionario elaborado por la Comisión, advierte sobre algunos de los déficits democráticos existentes en España. (más…)
‘Cuanto más abierta, más dinámica y más incluyente es una sociedad, menos integrable resulta el programa máximo de cualquier nacionalismo en su seno; cabe abandonar por tanto cualquier esperanza de resolver el conflicto entre naciones cívicas y protonaciones secesionistas de base cultural mediante una política de concesiones más o menos generosa, como la que mantuvo el turno político canadiense liberal-conservador hasta los años noventa. No es el único caso en el que la sucesión de concesiones a las fuerzas identitarias ha contribuido a fortalecer a sus élites dirigentes sin integrar a sus bases en la comunidad política común: los casos de Bélgica, y también la experiencia española, son en ese sentido ilustrativos’. Las elecciones generales de Canadá celebradas el pasado día 2 de mayo han supuesto un revés histórico para el secesionismo quebequés. Tal y como informaba LA VOZ DE BARCELONA, el Bloque Quebequés (BQ), principal partido secesionista que concurre a las elecciones federales canadienses [1], ha perdido más de un 60% de los votos de la anterior convocatoria entre 2008 y 2011 el equivalente a más de un 60% del porcentaje de su apoyo actual, obteniendo tan sólo 4 de los 75 escaños en la Cámara federal de los Comunes y la confianza de menos del 25% de los electores [2]. El Bloque, que desde su irrupción en la Cámara en 1993 había sido invariablemente la primera fuerza política de la provincia de Québec, se ha visto ampliamente rebasado por los socialdemócratas federalistas del Nuevo Partido Democrático (NPD/NDP), que han obtenido el 43% de los votos en Québec y 59 escaños. Tras veinte años de hegemonía electoral indiscutida en los escaños federales de la provincia francófona, la formación soberanista se enfrenta a un riesgo tangible de desaparición o marginalización. I – Un modelo para el nacionalismo catalán Los ecos del descalabro rebasan las fronteras de Canadá porque el nacionalismo de Québec es probablemente el movimiento secesionista más poderoso, mejor organizado y con mayor capacidad de liderazgo de las democracias occidentales consolidadas. Como tal, ha sido frecuentemente tomado como espejo, modelo y referente de movimientos nacionalistas e independentistas en diversas partes de Europa, empezando por Cataluña. El nacionalismo catalán, en efecto, se ha inspirado a lo largo de los últimos treinta años en el modelo quebequés para diseñar su propia estrategia de construcción nacional, homogeneización identitaria y desconexión del resto de España. La política lingüística catalana, inspirada en la famosa
IMPULSO CIUDADANO CELEBRARÁ EL XXX ANIVERSARIO DE LA REDACCIÓN DEL “MANIFIESTO POR LA IGUALDAD DE LOS DERECHOS LINGÜÍSTICOS EN CATALUÑA”, CONOCIDO COMO “MANIFIESTO DE LOS 2300”, CON UN ACTO PÚBLICO DE RECONOCIMIENTO QUE CONTARÁ CON LA ASISTENCIA DE SUS PROMOTORES Y PRIMEROS FIRMANTES El 25 de enero de 1981 el Grupo redactor del denominado “Manifiesto por la igualdad de los derechos lingüísticos en Cataluña” aprobó el texto que sería presentado a la opinión pública el 12 de marzo de 1981 y que ha pasado a la posterioridad como el “Manifiesto de los 2300” por ser este el número de personas que lo suscribieron. Se cumplen, por lo tanto, 30 años de la elaboración de aquel manifiesto y la asociación Impulso Ciudadano considera necesario señalar que las prevenciones y denuncias que expresaba aquel escrito siguen plenamente vigentes. La clara voluntad de las autoridades catalanas de incumplir las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo sobre el régimen lingüístico catalán y la nula intención del Gobierno de la Nación de velar por los derechos lingüísticos de todos los españoles, incluidos, lógicamente, los residentes en Cataluña, nos obliga, igual que entonces, a rememorar los principios y fundamentos que sustentaron aquel manifiesto y por ello: · Expresamos nuestra profunda preocupación por la presente situación cultural y lingüística de Cataluña. · Reclamamos un ambiente de libertad, tolerancia y respeto entre todos los ciudadanos de Cataluña. · Proclamamos que no hay razón democrática que justifique el propósito de convertir el catalán en la única lengua oficial de Cataluña y censuramos la lectura abusiva y parcial del Estatuto de autonomía que amparándose en el concepto de lengua propia pretende invalidar al castellano como lengua oficial. · Denunciamos el desprecio por parte de los poderes públicos al uso público y oficial del castellano y al derecho a recibir la enseñanza en la lengua materna. · Lamentamos el desinterés del Gobierno central por salvaguardar los derechos lingüísticos de los ciudadanos reconocidos en la Constitución y en el Estatuto de autonomía. · Apelamos a la realidad social, recordando que al menos la mitad de la población de Cataluña tiene como lengua propia el castellano y reivindicamos la igualdad de derechos lingüísticos y culturales para los catalanohablantes y los castellanohablantes. · Denunciamos que las autoridades están llevando a cabo un proceso de sustitución lingüística del castellano por el catalán mediante la coacción y la imposición. · Defendemos que el desarrollo
Impulso Ciudadano ante la inminente tramitación del proyecto de Ley del Cine y la contestación que ha formulado el colectivo de exhibidores, informa a la opinión pública que: 1.- La creación cultural se basa en la libertad y no debe estar sometida a criterios de cuotas lingüísticas. Por lo tanto, solicita la retirada de la denominada garantía de acceso lingüístico (cuotas del 50% de exhibición de las películas en catalán) y del régimen sancionador del proyecto de ley del Cine. 2.- Las relaciones jurídico-privadas no deben estar intervenidas por la actuación del Gobierno en base a unos supuestos derechos de las lenguas. La creación artística es incompatible con el derecho a ver cine en catalán o en castellano. Nos parece especialmente peligroso que el Gobierno predetermine la lengua de exhibición de una película en función del origen y que las excepciones a esta obligación se hagan exclusivamente en relación a la nacionalidad del productor de la película. 3.- No todo vale en el mal denominado proceso de normalización lingüística y la fijación de cuotas puede dar argumentos para entrar en el resto de terrenos privados. De no detener el disparate en el que está instalado el nacionalismo catalán, el Gobierno podría no limitarse a obligar a doblar al catalán una película rodada en inglés o japonés, y llegar a considerar legítimo obligar a una cantante internacional como Beyoncé o Elton John a traducir sus canciones al catalán para satisfacer el supuesto derecho a “vivir plenamente en catalán”. 4.- Impulso Ciudadano apoya las reivindicaciones de los exhibidores catalanes y solicita que el Gobierno cese en la política coactiva y de represión que está llevando a cabo a través de leyes sancionadoras. Asimismo, solicita que se adopten los medios necesarios para acabar con la política de amedrentamiento social que realizan los colectivos que tratan de limitar el derecho de los empresarios a protestar contra una Ley que puede acarrear su ruina económica. En Barcelona, a 1 de febrero de 2010.
