IMPULSO CIUDADANO ha tenido conocimiento de la interposición por el Defensor del Pueblo y por el Partido Popular de sendos recursos de inconstitucionalidad contra la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de Consumo de Cataluña y con ese motivo informa a la opinión pública: PRIMERO. Que celebra la interposición de estos recursos dadas las evidentes dudas que existen sobre la constitucionalidad de esta norma que ya puso de manifiesto en el escrito presentado en fecha 7 de septiembre por IMPULSO CIUDADANO a todos los grupos parlamentarios y al Defensor del Pueblo. En aquella petición ya advertía que los preceptos relacionados con los deberes lingüísticos en las relaciones de consumo y el desproporcionado régimen sancionador contravenían flagrantemente la sentencia 31/2010, de 28 de junio de 2010, del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de autonomía de Cataluña que proclama que en este tipo de relaciones debe darse igual trato y perfecta equivalencia a las dos lenguas oficiales en Cataluña. También se recordaba en aquella petición que la citada sentencia establece que el deber de disponibilidad lingüística de las entidades privadas, empresas o establecimientos abiertos al público no puede significar la imposición a éstas, a su titular o a su personal de obligaciones individuales de uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales de modo general, inmediato y directo en las relaciones privadas, toda vez que el derecho a ser atendido en cualquiera de dichas lenguas sólo puede ser exigible en las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos. El principio de igualdad queda roto cuando el Código de Consumo sólo reconoce el derecho a recibir en catalán determinada información o documentación y no se contempla el mismo derecho a recibirlo en castellano o aranés, también lenguas oficiales de Cataluña, mas cuando el Tribunal Constitucional ha declarado que no existe un deber generalizado para todos los ciudadanos de Cataluña, de conocimiento de la lengua catalana ni mucho menos para el resto de los españoles ni para los extranjeros. SEGUNDO.- Que lamenta que algunos sectores tergiversen y manipulen presentando como un ataque a Cataluña o al catalán lo que en realidad es una defensa de la libertad de expresión de todos los ciudadanos. Ninguna ley puede quedar, a priori, al margen del control de constitucionalidad y por ello resulta poco respetuoso con el Estado de Derecho y es claramente antidemocrático que se criminalice a los que, en legítimo uso de sus
El Mundo, 12 de setembre de 2012 Los sueños autonomistas de los años setenta han dado paso a la pesadilla soberanista. Si bien es cierto que el independentismo tiene todavía mucho de fuego de artificio y maneja muy eficazmente el juego de las sombras, no puede ignorarse que la “independencia imaginada” por las fuerzas nacionalistas es un objetivo viable. La combinación astuta de la movilización social, la deslealtad institucional y la dejadez de España están dando sus frutos. La Assemblea Nacional Catalana (ANC), organización convocante de la marcha con el lema “Cataluña nuevo Estado de Europa”, aprobó el 30 de abril de 2011 un documento con sus principios fundacionales. Merece la pena echarle un vistazo porque escalona los pasos a seguir por el movimiento independentista. A través de la movilización social pretende: concienciar a la mayoría de la población de Cataluña de que se puede conseguir la independencia política de Cataluña mediante la constitución de un Estado; formar una mayoría en el Parlamento de Cataluña que encomiende al Gobierno de la Generalitat la convocatoria de un plebiscito de autodeterminación bajo garantías internacionales; tratar con la Unión Europea la permanencia de Cataluña dentro de la Unión, una vez establecido el Estado catalán y aprobada su Constitución; y gestionar el reconocimiento de Cataluña por las Naciones Unidas. El primero de los objetivos parece conseguido. En poco tiempo, las asambleas territoriales de la ANC se han desplegado con éxito por toda Cataluña -extensión que hubiera sido imposible si no hubieran contado con el apoyo explícito de las instituciones- mientras que los medios de comunicación y las fuerzas políticas catalanas, a pesar del contexto de crisis económica, tienen como referente informativo prioritario, la independencia de Cataluña. En esta fase de concienciación, han trabajado también muy arduamente otras dos entidades nacionalistas, la Associació de Municipis per la Indepèndencia y la organización “Omnium Cultural”, a las que las instituciones miman social y económicamente. Sobre la inminencia del segundo de los pasos, daba pistas el último mensaje institucional del Presidente de la Generalitat, Artur Mas: “Nunca como ahora, Cataluña había estado tan cerca en su aspiración y su anhelo de plenitud nacional”. La tan cacareada “transición nacional” enfila el rumbo hacia la independencia y no hay que descartar, un golpe institucional consistente en que el Parlamento soberanista que se vislumbra para la próxima legislatura dinamite las costuras constitucionales y convoque unilateralmente un referéndum para proclamar la independencia
La Comisión Europea está elaborando su informe anual sobre la situación del Estado de Derecho en la UE. En el marco de este proceso ha invitado a la sociedad civil a realizar sus aportaciones. Impulso Ciudadano ha remitido un informe en el que, a partir del cuestionario elaborado por la Comisión, advierte sobre algunos de los déficits democráticos existentes en España. (más…)
Diversas entidades y asociaciones catalanas del entorno constitucionalista se han personado como acusación popular en la causa seguida en el Juzgado de Instrucción n° 1 de Barcelona, en el marco de la conocida como "Operación Voloh", llevada a cabo por la Guardia Civil, y en la que se investiga el entramado financiero del "procés" y presuntos casos de corrupción vinculados al mismo. (más…)
El pasado 31/10/14 el Tribunal Supremo acordaba desestimar el recurso de casación presentado por la Asociación Impulso Ciudadano y convalidar el artículo 6. d) del Decreto 155/2010 del Gobierno de la Generalitat que prevé, entre las funciones pedagógica y de liderazgo, que le corresponden a la dirección de los centros educativos públicos catalanes “garantizar que el catalán sea la lengua vehicular de la educación, administrativa y de comunicación utilizada normalmente en las autoridades del centro, en los términos que establece el título II de la ley 12/2009, tal como se concreten en el proyecto lingüístico que forma parte del proyecto de educación del centro”. (más…)
IMPULSO CIUDADANO INTERPONDRÁ ACCIONES JUDICIALES CONTRA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS QUE INCUMPLAN LA OBLIGACIÓN DE MANTENER LA NEUTRALIDAD POLÍTICA EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y LES HACE RESPONSABLES DE LOS POSIBLES ENFRENTAMIENTOS QUE ORIGINE SU COMPORTMIENTO PARTIDISTA. (más…)
