La crisis sanitaria que estamos viviendo en los últimos meses ha causado miles de muertos y la paralización de la actividad económica de nuestro país. Esta situación, de extraordinaria gravedad, ha de ser asumida plenamente por la sociedad, las instituciones y los dirigentes políticos, y exige una respuesta eficaz. Desgraciadamente, las medidas adoptadas hasta ahora no han ido en la línea adecuada y, tras más de un mes de confinamiento, la pandemia sigue provocando pánico en la población y una desoladora perspectiva social y económica. Es la hora de las decisiones extraordinarias.
Impulso Ciudadano, desde el inicio de la declaración del estado de alarma, ha apoyado al Gobierno de la Nación como autoridad única en la respuesta a la pandemia y ha reclamado lealtad a todas las Administraciones y solidaridad a los ciudadanos.
No se encontrará una salida adecuada a la crisis sin un diagnóstico preciso y para tenerlo es pertinente hacer un mínimo balance. La situación que vivimos tiene su origen en la respuesta tardía a la pandemia. La falta de previsión de las autoridades ha causado una insuficiente provisión de test, de equipos de protección para el personal sanitario, de mascarillas para la población, de respiradores para las UCIs, de protocolos de coordinación entre la sanidad pública y privada, así como el descontrol de las residencias para mayores. A la vez, el irresponsable retraso en las decisiones relacionadas con el aislamiento de la población ha contribuido a la propagación del virus. Estos errores no pueden ser ignorados y, en su momento, tendrán que reclamarse las pertinentes responsabilidades.
Además, el Gobierno no ha hecho un buen uso del estado de alarma y se ha podido constatar:
También queremos alertar sobre que la inevitable limitación de algunos derechos, como la libre circulación de personas, debido al estado de alarma, en modo alguno justifica la monitorización y cierre de voces críticas en redes sociales o la instrumentalización de organismos públicos para insinuar que las únicas fuentes fiables son las oficiales. Consideraciones como la reciente de que sea misión de la Guardia Civil “minimizar las críticas al Gobierno” disparan seria alarmas sobre los fundamentos del Estado de Derecho. El uso indebido de las libertades de expresión y de información solo puede ser corregido judicialmente.
Igualmente, por parte de los Gobiernos de la Nación y de la Generalitat de Cataluña se ha confundido la transparencia informativa en la rendición de cuentas con insoportables exhibiciones de propaganda y autobombo.
En lo que se refiere a las consecuencias sociales y económicas, nos enfrentamos a una evidente caída del PIB y actividades importantísimas en nuestra economía tardarán mucho tiempo en recuperarse, lo que conllevará el empobrecimiento de muchos ciudadanos. Esta crisis, además, afecta a toda la Unión Europea por lo que es imprescindible que las instituciones comunitarias participen activamente en su resolución.
La situación es, por lo tanto, de extraordinaria gravedad y han de adoptarse medidas con el máximo consenso. En definitiva:
1) España necesita de todos sus recursos y debemos afrontar la dura y difícil realidad con determinación, generosidad y patriotismo.
2) España precisa de un gobierno que gestione de manera eficiente los ingentes recursos que le han sido confiados y que ofrezca propuestas rigurosas y realistas, documentadas y completas, que puedan servir de base para amplios acuerdos.
3) España ha de presentar una posición cohesionada ante la UE que fortalezca la negociación con el resto de los Estados miembros de la Unión.
Por ello, reclamamos a los actuales partidos de gobierno liderazgo y sentido de Estado en la promoción de los imprescindibles pactos con los otros actores políticos y sociales y a estos últimos, que prioricen los intereses generales a los partidistas.
Somos una sociedad madura y preparada que prefiere el trabajo y la cohesión a la propaganda. A estas alturas ya se debería contar con un programa unitario para la reconstrucción económica y de lucha contra la pandemia. Consideramos que el instrumento idóneo para la aplicación del programa de reconstrucción es un gobierno de concentración entre las principales formaciones políticas del país, que cuente con la solvencia técnica y profesional imprescindible para llevarlo a cabo.
Barcelona, a 19 de abril de 2020
