“Reformar para reforzar, un nuevo ciclo para la España constitucional”
El aniversario de la Constitución, verdadero acto fundacional de la democracia española, es la ocasión idónea para recordar los valores que guiaron su nacimiento, hacer balance de la experiencia constitucional y democrática, y abordar los retos que España tiene planteados ante sí. Retos que son de una gravedad y una complejidad sin precedentes. Retos que la sociedad española puede y debe, al igual que entonces, abordar con éxito, sorteando a la vez el derrotismo y la inmovilidad, la impaciencia y el populismo, las soluciones mágicas y los caminos ya recorridos.
La Constitución de 1978 es la historia de un éxito por lo que supone de triunfo de España sobre su propia –y desafortunada-‐‑ historia constitucional. Ese éxito estaba lejos de ser evidente al cierre de las urnas del referéndum del 6 de diciembre de 1978, porque la flamante democracia constitucional que emergía de la voluntad general de los españoles ya contaba con poderosos enemigos. La nueva Constitución nacía con un respaldo democrático abrumador en todos los rincones de España, que la hace ser, todavía hoy, la ley vigente sometida a referéndum con mayor apoyo ciudadano en la historia de la democracia. Pero nacía también en un momento de gran incertidumbre, social, económica y política, siendo atacada, desde el primer momento, por fuerzas de signo aparentemente opuesto pero aunadas en su afán de sabotear por todos los medios la convivencia pacífica y democrática de todos los españoles: el terrorismo extremista y la ultraderecha franquista.
La amenaza golpista se conjuró en los años ochenta, tras ponerse a prueba la solidez democrática durante el fallido golpe de Estado de 1981. En el otro extremo, el terrorismo, y de forma muy particular el terrorismo etarra, ha mantenido su desafío criminal a la democracia española durante mucho más tiempo. En esta ocasión, el anunciado cese de las actividades terroristas de ETA es un motivo de celebración adicional para los demócratas, porque confirma la flexibilidad y la fortaleza de la democracia constitucional que nos dimos hace más de treinta años. Flexibilidad para gestionar el pluralismo de la sociedad española y para integrar en el juego democrático a todas las opiniones y todos los proyectos políticos que quieran defenderse desde la palabra y las urnas, incluso aquellos –como los nacionalistas— que pretenden explícitamente quebrarla. Fortaleza para combatir sin descanso a todos aquellos que aspiren a someter la voluntad democrática de los españoles, nuestras leyes y nuestras instituciones, por la fuerza de la intimidación, la violencia, el terrorismo o el chantaje al Estado. El comunicado de ETA no supone, por sí solo, el fin del terrorismo o del clima de intimidación, coacción y miedo que ha arraigado en el País Vasco y en otras partes de España; tampoco es un gesto que quepa agradecer en modo alguno a una organización que ha hecho del dolor su único instrumento de presión durante más de medio siglo, y mucho menos es una excusa para hacer borrón y cuenta nueva. Es todo lo contrario, es la prueba de que la democracia constitucional española, combatida por ser democracia, por ser constitucional y por ser española, ha sido capaz de hacer frente y de derrotar, una a una, a las fuerzas que se conjuraron contra ella desde su nacimiento.
Bajo el imperio de la Constitución, el país ha sido capaz de consolidar una democracia homologable a las de nuestro entorno y se ha integrado en la Unión Europea. Los problemas más graves que España tenía planteados en 1978 se han superado o encauzado. Eso no significa que el despliegue y la consolidación de la democracia constitucional en estos treinta años haya sido, ni mucho menos, armónica o carente de problemas. Hoy nos enfrentamos a otros retos de igual o mayor magnitud que los de entonces:
• La deriva del Estado autonómico que, apenas esbozado en la Constitución y después de un primer despliegue razonablemente satisfactorio, ha hecho evidente en los últimos años, de forma cada vez más acusada, la necesidad inaplazable de una corrección del modelo vigente, ya que se está poniendo en riesgo no sólo la igualdad entre españoles y la calidad de los servicios públicos, sino también la propia sostenibilidad del Estado del Bienestar.
• La presión nacionalista, que lastima severamente los derechos civiles y lingüísticos de muchos ciudadanos y erosiona la calidad de la democracia en aquellas Comunidades Autónomas donde su presencia resulta más asfixiante.
• La deslealtad institucional y las apelaciones a la insumisión a la Constitución, especialmente en el ámbito de las instituciones de Cataluña, que se han convertido en instrumentos de actuación, casi ordinarios. En esta línea, resulta muy preocupante para la cohesión social, la seguridad jurídica y la convivencia democrática que el propio Presidente de la Generalitat dé por acabado, en nombre de Cataluña, la adhesión de nuestra Comunidad a la Constitución, obviando, además, que aquí la Carta Suprema obtuvo una adhesión superior a la media nacional en el referéndum constitucional.
• La calidad democrática de nuestro sistema, que cada vez más ciudadanos juzgan como precaria y claramente insuficiente, en línea con la creciente desafección política hacia las instituciones democráticas que se extiende por toda Europa.
La crisis social y económica que atraviesa España, simultánea pero no únicamente achacable a la situación económica internacional y a los críticos momentos que vive la Unión Europea, está obligando a repensar en muchos aspectos el proyecto de futuro y de país para las próximas generaciones.
En Impulso Ciudadano creemos que todas estas cuestiones requieren perspectivas, miradas y enfoques diferentes de nuestra clase dirigente y del conjunto de la sociedad española. En este nuevo ciclo, la ciudadanía, sus derechos y sus libertades, deben situarse en el centro de la España constitucional, a cubierto de tentaciones identitarias, repliegues populistas, retrocesos sociales y proyectos excluyentes. Ello requiere un proyecto cívico nacional abierto, incluyente y solidario, firmemente comprometido con la igualdad y la libertad de todos y cada uno de sus ciudadanos. Necesita un Estado eficaz en su estructura y decisivo en su acción, capaz de preservar y proteger los derechos y las libertades cívicas, lingüísticas, políticas y sociales en cualquier parte del territorio nacional. Exige una democracia plural y avanzada, en la que los ciudadanos puedan participar de manera activa en la conformación de la voluntad general, y no sólo a través de la intermediación de unas élites que, en demasiadas ocasiones, parecen confundir de manera interesada la representación con el secuestro.
Treinta y tres años después, el mejor homenaje que se puede hacer a la Constitución es dar nuevos bríos al esfuerzo nacional, cívico y democrático que permitió su génesis y su despliegue en la España turbulenta de la Transición. La democracia constitucional española precisa de modernización y profundización en un contexto de grandes cambios en España, en Europa y en el resto del mundo. El compromiso con el espíritu profundo de la Constitución de 1978 requiere de su reforma y su actualización, para que los valores de concordia y unidad, de emancipación y progreso que el Pacto Constitucional explicitó en 1978 se proyecten hoy hacia el futuro y puedan desplegarse, sin límites, en toda su dimensión.
Impulso Ciudadano
6 de diciembre de 2011, Día de la Constitución
