La bandera de España había sido colocada por el Ayuntamiento de Sant Pol de Mar  en cumplimiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 13 de Barcelona que ordenó que con carácter permanente debía ondear en la fachada del ayuntamiento y en el salón de plenos. Es obligación del ayuntamiento acatar y hacer cumplir la sentencia. La actitud obstruccionista y contraria a la Ley de Banderas de la alcaldesa de la localidad puede estar dando alas a delincuentes que se consideran legitimados para quemar la bandera nacional que ondea en la localidad.

IMPULSO CIUDADANO reclama sensatez y sentido institucional al Ayuntamiento de Sant Pol de Mar que no ha condenado todavía la quema de la bandera y le advierte de que le corresponde a la corporación municipal velar por el respeto a la ley y denunciar los hechos delictivos. En todo caso, advierte, que la sentencia está pendiente de ejecución forzosa y que la alcaldesa es la responsable de colocar la bandera nacional que debe ser repuesta inmediatamente  por las autoridades locales y que si no lo hace puede incurrir en un delito de desobediencia judicial.

Impulso Ciudadano se personará como acusación particular en las actuaciones penales que se incoen por ultraje a la bandera nacional tanto por la quema de la bandera como por la manifestación celebrada el pasado día 18 de febrero en la que se descolgó la bandera de la barandilla del Ayuntamiento y se sustituyó por una bandera independentista con ánimo de ultrajar la bandera española. Asimismo, muestra su solidaridad con el exconcejal de la localidad, Enrique Abad, que viene sufriendo una campaña de hostigamiento por haber recurrido a la jurisdicción contencioso-administrativa para solicitar el cumplimiento de la ley.

Se acompaña foto del Ayuntamiento después del atentado.