A raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Educacion de Cataluña, Impulso Ciudadano y la Asamblea por una Escuela Bilingüe informan a la opinión pública:
La sentencia del Tribunal Constitucional ratifica el modelo de conjunción lingüística en la medida que considera que tanto el castellano y el catalán deben ser lenguas vehiculares de enseñanza. Asimismo recuerda que corresponde al Estado velar por el respeto a los derechos lingüísticos en el sistema educativo y en particular el de recibir la enseñanza en la lengua oficial del Estado.
En este sentido es especialmente significativo que el derecho de los alumnos que se incorporen al sistema educativo catalán sin conocer las lenguas oficiales a recibir un apoyo lingüístico específico se contemple en pie de igualdad tanto para la acogida en catalán como en castellano. Ello conlleva necesariamente la programación de actividades en los dos idiomas. Sin embargo, ahora en la programación de la inmensa mayoría de los centros educativos sólo se contemplan aulas de acogidas en catalán, por lo que reclamamos al Departamento de Educación que se programen también aulas de acogida en castellano.
Tiene también relevancia que el Tribunal Constitucional contemple expresamente que la declaración de uso normal de una lengua oficial no implica ni exclusión ni preferencia sobre las otras lenguas también oficiales ni privación de su condición de lenguas de uso normal.
Queda avalado, por tanto, el modelo de conjunción lingüística. Por ello, denunciamos la manipulación que algunos sectores están llevando a cabo al afirmar que la sentencia avala la inmersión lingüística en Cataluña cuando, por el contrario, ratifica los principios contenidos en anteriores sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. Estos principios han sido recogidos en la Disposición Adicional 38 de la Ley Orgánica de Educación que reconoce el derecho de los alumnos a ser escolarizados en lengua castellana y en la otra lengua cooficial en aquellas Comunidades Autónomas con cooficialidad lingüística.
El hecho de que el Tribunal Constitucional considere que un amplio número de preceptos distorsionan el valor de la normativa estatal en materia de educación, claramente invaden competencias y tienen una pobre calidad técnico-legislativa hace imprescindible que las fuerzas políticas catalanas presentes en el Parlamento de Cataluña elaboren una nueva Ley de Educación de Cataluña que: a) se adapte a la normativa constitucional y estatutaria; b) respete la cooficialidad lingüística y el carácter vehicular de las lenguas oficiales; y c) no desborde el marco competencial actual.
En Barcelona, a veinticinco de abril de dos mil diecinueve.
